Del boletín "Emblema" de diciembre, tomamos este artículo de nuestro buen amigo y compañero el Inspector Jefe (R) Eloy Ramos Martínez.
Y en Barcelona lo hace con el policía armada Juan Ruiz Muñoz.
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| Policía Juan Ruiz Muñoz |
En septiembre habían sido juzgados en Consejo de Guerra, entre otros, tres asesinos del FRAP, y su condena a muerte estaba pendiente del uso del Derecho de Gracia por parte del Jefe del Estado. No parece sino una provocación el que esta banda asesine precisamente en estas fechas, salvo que estuviera buscando exactamente eso, la condena a muerte de alguno de sus militantes para tener ya héroes populares, o mártires de la revolución. En otro tiempo también lo habían hecho los anarquistas Y así fue. La víctima elegida para esta ocasión fue Juan Ruiz Muñoz, que prestaba servicio como peluquero del Segundo Escuadrón de Caballería de Policía Armada en la plantilla de Barcelona. Contaba 49 años, estaba casado y era padre de una niña.
Como tenía por costumbre todos los días festivos, el 14 de septiembre del mismo año, compró en una churrería patatas fritas y churros para su hija. Sus asesinos, que le habían seguido desde su salida de las dependencias policiales, y que le consideraban un alto mando policial por vestir de paisano, le esperaron cerca de la churrería y le dispararon dos al unísono. Uno de ellos le apoyó la pistola en la cabeza.
En el suelo lo remataron a navajazos. Los asesinos del FRAP parecían tener un gozo especial en empaparse con la sangre de sus víctimas (sino ¿por qué apuñalar a quien ya estaba muerto por dos disparos?).
El señor Ruiz fue recogido por unos transeúntes que lo trasladaron a un centro hospitalario, donde ya ingresó cadáver. En la calle quedó abandonada una bolsa. Contenía útiles de peluquero, un paquete con churros y otro con patatas fritas. Juan Ruiz no iba armado.
El 16 del siguiente octubre fueron detenidos los miembros del FRAP Miguel Ángel Sánchez Gómez, individuo de 27 años, que había ordenado el asesinato, y los hermanos José y Lorenzo Jurado Pérez, autores materiales del mismo.
Son fusilados cinco asesinos, tres del FRAP y dos de ETA, e indultados otros seis.
Lo que motivaría una ofensiva internacional contra España, fue el cumplimiento de la sentencia de pena de muerte dictada por la Autoridad Judicial contra cinco terroristas por los asesinatos de dos policías armadas, don Ovidio Díaz López, casado, que dejó viuda embarazada, don Lucio Rodríguez Martínez soltero, con novia; don Antonio Pose Rodríguez, teniente de la Guardia Civil, que dejó viuda, y don Gregorio Posadas Zurrón, cabo de la Benemérita, que dejó viuda y dos hijos.
Los condenados a la pena capital fueron:
Ángel Otaegui Echevarría, condenado como cómplice en el asesinato de don Gregorio Posadas. Indicó a otros asesinos de ETA el recorrido que hacía la victima y los cobijó tras el crimen.
Juan Paredes Manotas, también miembro de ETA, autor material de la muerte de don Ovidio Díaz. Además había sido uno de los asesinos del inspector de policía don José Díaz Linares.
José Humberto Baena Alonso, miembro del FRAP, autor material de la muerte de don Lucio Rodríguez.
Ramón García Sanz, miembro también del FRAP, autor material del asesinato de don Antonio Pose.
José Luis Sánchez-Bravo Sollas, inductor de la muerte del teniente don Antonio Pose. Formaba parte del mismo comando de García Sanz, autor material del crimen.
Los cinco fueron ajusticiados en cumplimiento de las sentencias judiciales.
Pero también habían sido condenados a la misma pena de muerte:
José Antonio Garmendía Artola, condenado por asesinar a don Gregorio Posadas.
Manuel Blanco Chivite, por inductor del asesinato de don Lucio Rodríguez.
Vladimiro Fernández Tovar, que facilitó el revólver para matar a don Lucio.
Manuel Cañaveras de Gracia, facilitó el arma para matar a don Antonio Pose.
María Jesús Dasca Panela, colaboradora en el asesinato de don Antonio, y
María Concepción Tristán López, que ordenó el crimen del teniente Pose.
Estos seis últimos asesinos fueron indultados por el Generalísimo Franco.
Los cinco ajusticiamientos desataron las protestas masivas de la izquierda europea, protagonizadas fundamentalmente por los partidos comunistas y adláteres, como veremos.
¿Por qué había de perdonarse a todos los asesinos? ¿A alguien le importaban las víctimas?
La Conferencia sobre Seguridad en Europa y las protestas por los fusilamientos
Entre el 3 de julio de 1973 y el 1 de agosto de 1975 había tenido lugar en Helsinki (Finlandia) la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la que habían asistido Los Estados Unidos, Canadá, la URSS y todos los países europeos menos Andorra y Albania, (aunque ésta se sumaría más tarde). En el acta final de la reunión, que firmaron los presidentes del Gobierno de cada uno de los países, se contenían 10 artículos, uno de los cuales, el 6, se refería exactamente al Principio de No Intervención en los asuntos internos de los Estados.
Veamos en un apretado resumen, la reacción europea a los fusilamientos en España.
Contra la España de 1975 valía todo y la campaña estaba dirigida por el Partido Comunista. Al cumplirse las sentencias de muerte, la Federación de Sindicatos Marítimos de la CGT francesa (comunista), proclamó un boicot (ilegal) contra los barcos españoles. Turbas furibundas atacaron embajadas y consulados españoles en casi toda Europa (la de Portugal fue asaltada y quemada, y la de Londres se salvó por la actitud de la Policía inglesa y la firmeza de Fraga). Había además un trasfondo que era la estrategia soviética de impedir por cualquier medio la entrada de España en la OTAN en cuanto Franco desapareciese.
También alzó su protesta Pablo VI, el mismo que había tardado siete días en enviar su pésame cuando Carrero fue asesinado.
Se registraron protestas contra España en Atenas, París, Londres, Estocolmo, Berlín, Copenhague, La Haya, Ginebra, Burdeos, Utrech, etc. El presidente de México, Echevarria pidió la expulsión de España de la ONU. Nuestro embajador ante la Organización le acusó de ser agente de la CIA -con el nombre de Litempo 14- y le recordó su actuación en los sangrientos incidentes de la Plaza de las Tres Culturas mexicana.
También protestaron el Secretario General de la ONU, Kurt Waldheim, la Internacional Socialista, en nuncio papal Dadaglio, etc
En París una manifestación en los Campos Eliseos destrozó grandes comercios, aparatosamente.
A la vista de los acontecimientos, el 30 de septiembre el presidente Arias Navarro se dirigió por televisión a los españoles con un mensaje del que extraigo algunos párrafos:
"... Hace escasamente dos meses se reunió en Helsinki la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea, que fue firmada por 35 jefes de Gobierno de Europa. En el frontispicio de su protocolo se afirma solemnemente el principio de no interferencia en los asuntos internos de ningún Estado, con alusión expresa al terrorismo. Todos los países signatarios se abstendrán, entre otras cosas, según se firmó, y me atengo al texto original: "Se abstendrán de cualquier intervención directa o indirecta, individual o colectiva, en los asuntos internos o externos propios de la jurisdicción interna de otro Estado participante, independientemente de sus relaciones mutuas. Se abstendrán, entre otras cosas, de prestar asistencia directa o indirecta a las actividades terroristas o a las actividades subversivas o de otro tipo encaminadas a derrocar por la violencia el régimen de otro Estado participante".
Pues bien, fresca aún la tinta del tratado, alguno de los países firmantes, con hipocresía sin límites, con audacia intolerable, quebrantan el pacto firmado, poniendo en tela de juicio decisiones que son competencia exclusiva de nuestra soberanía".
Así pues, la Europa que pontificaba contra el terrorismo, y pedía la máxima energía de cada gobierno, hacía una excepción con los terroristas españoles, y presentaba el asunto como un hecho de iniquidad intolerable.
Pero, en los últimos coletazos, el FRAP atenta en Valencia contra una fábrica.
Seguramente el FRAP temía quedar descolgado de la escalada del terror que en 1977 vivía España, y así el 17 de febrero de madrugada, se registró un incendio en la fábrica de porcelanas Lladró, sita en la carretera de Alboraya, en Valencia y provocado por el lanzamiento de cóckteles molotov contra dos camiones de la empresa que estaban aparcados delante de la factoría.
Dada la magnitud del incendio, hubo que retirar otros camiones próximos y evacuar las viviendas cercanas ante el evidente peligro de propagación de las llamas. El edificio de la factoría Lladró sufrió daños valorados en unas quinientas mil pesetas.
Fue reivindicado por el FRAP en llamada al diario Las Provincias. Había que dejar constancia de que el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota estaba vivo.
Poco después son amnistiados dos etarras y un miembro del FRAP.
El 26 de marzo fueron puestos en libertad los etarras José Luis Arteche Orejón, condenado a 20 años de prisión en 1972 por el Tribunal de Orden Público, Vicente Apalategui Mintegui, que lo había sido a 24 años en la misma fecha. El tercero era Amador Velasco Delgado, éste, miembro del FRAP que cumplía una condena de 15 años por la confección de artilugios incendiarios y explosivos que hicieron estallar en establecimientos de Pamplona, tenencia y depósito de explosivos y asociación ilícita.
Con estos, informaba la prensa que las medidas de gracia alcanzaban a 1802 reclusos en los pocos días que llevaban en vigor.
En Madrid, atentan contra la Policía Armada y son detenidos nueve de ellos .
El 15 de abril la Policía madrileña detuvo a Alejandra Morales y Juan Arana Repullo cuando se hallaban en un coche sustraído en cuyo interior portaban siete cóckteles molotov y cinco banderas republicanas con las siglas FRAP, así como objetos metálicos rotos que usaban como metralla en los cóckteles. Era los componentes de un grupo que en la tarde de aquel día habían agredido a varios miembros de la Policía Armada en Madrid, de resultas de cuyo ataque fueron ingresados en la Unidad de Quemados de la Cruz Roja los agentes Fernando Sánchez Carretero y Regino García Aguado, con pronostico grave. También fueron ingresados en la misma Unidad pero con carácter leve otros tres miembros de la Policía Armada, Felipe Puente Rescalvo, Alfredo Cano de la Red y Antonio Sánchez Romero.
Días después la Policía detuvo al resto de los agresores de los policías. Eran Cristóbal Lobo Domenech, Gabriel de la Fuente Serrano, Juan Navarrete Amezcua, Carlos y Mauricio García – Romeral Pérez y los hermanos Francisco Javier y Saturnino Olmeda García.
Hay que añadir que, finalmente el PCE (m-l) junto al FRAP y la llamada Convención Republicana de los Pueblos de España (otra organización del PCE (m-l) pidieron la inscripción como partidos pero fueron rechazados. El PCE (m-l) terminó aprobando el abandono de la lucha revolucionaria como política y aprobó la disolución del FRAP. Fue legalizado en 1981 y se disolvió en 1992.
Eloy Ramos Martínez.
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