En las postrimerías del reinado de S.M. D. Carlos III (1759-1788), se dispone la creación de la Superintendencia General de Policía de Madrid. La creación efectiva se registra por Decreto de 17 de marzo de 1782, siendo Secretario de Estado José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca.
Madrid, sede de la Corte, contaba, por aquellos tiempos, con una población que rebasaba los 150.000 habitantes. Desde la llegada al trono de Carlos III su pretensión fue poner a la Villa a la misma altura que el resto de las Cortes europeas y en este afán se enmarca el texto del Decreto de creación que señala: "a semejanza de lo que se practica en todas las demás Cortes, se dispone que haya en la nuestra una persona de autoridad, zelo, experiencia y rectitud, que sin distraerse a otros objetos cuide particularmente y sea responsable de la execución de aquellas Reglas y Providencias, sin perjudicar ni disminuir las facultades y obligaciones que hayan exercido hasta ahora y tengan otras personas y tribunales".
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| Estampa del reinado de Carlos III |
De esta forma se instauraba la figura de "un Superintendente general de Policía para Madrid, su jurisdicción y rastro, con antigüedad y plaza efectiva en el mi Consejo", asignándole la responsabilidad de hacer cumplir lo establecido las disposiciones del Reino, "corrigiendo a los contraventores, multándolos y aplicándolos a los destinos", otorgándole la categoría de Ministro a la Sala primera de Gobierno del Consejo.
Sin embargo, la existencia de viejas Instituciones creadas con el mismo fin, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, los Alcaldes de Cuartel y Barrio, creados en 1749 y reformados en 1768, así como el Corregidor de Madrid, con determinadas funciones en materia de Policía diluyeron la capacidad jurisdiccional de la nueva Institución pese a que el Decreto de creación señala que aunque conservando en lo material y formal sus funciones, no estorbarán al Superintendente General cuyas funciones "económica, gubernativa y executiva, como lo son todas las Leyes y Bandos de Policía, sin apelación o recurso, pues qualquiera quejoso en casos graves podrá recurrir a mi Real Persona o directamente por dicha mi primera Secretaría de Estado".
El nombramiento de primer Superintendente General recae en Bernardo Cantero de la Cueva, siendo relevado en 1786 por Blas de la Hinojosa, con carácter interino, y posteriormente por Mariano Colón de Larrátegui.
La Superintendencia, de vida efímera, pervivió mientras duró la real confianza en la persona del Conde de Floridablanca.
Cuatro años después de la asunción al trono de S.M. D. Carlos IV (1788-1808), el 22 de mayo de 1792, el Consejo propone al Rey la supresión de la Superintendencia, señalando en el Decreto de supresión que "es de uniforme dictamen el Consejo pleno, de que el establecimiento de la Superintendencia ni es ni fue útil; que no es necesario; que es contrario a las leyes de España y perjudicial por lo que conviene que cese desde luego", resolviendo el Rey que "me conformo con el Consejo en suprimir la Superintendencia general de Policía de Madrid y es mi voluntad que se observe enteramente el reglamento de 1768, con la división en ocho cuarteles bajo un Alcalde de mi Casa y Corte y la subdivisión de ocho barrios en cada uno, así como en todo el Reyno el Presidente o Gobernador de mi Consejo es la cabeza de la Policía, lo ha de ser a más fuerte razón en mi Corte, como así lo ha sido en todos tiempos", lo que en la práctica supone que la Sala de Alcaldes de Casa y Corte recupere todas las atribuciones en materia de Policía.
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