Pasadas las ocho de la mañana del lunes 18 de diciembre de 1989, dos miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), un hombre y una mujer, asesinaban a tiros frente a su domicilio, en la localidad barcelonesa de El Prat de Llobregat, al Policía Nacional Juan José Sucino Ibáñez, en el momento en que éste se encontraba en el interior de su automóvil para acudir a trabajar. El agente murió en el acto. El policía de la escala básica Juan José Sucino Ibáñez, de 31 años, estaba adscrito a la Brigada de seguridad ciudadana de la comisaría Sur (Pueblo Seco-Montjuic-Zona Franca) y al día siguiente de su asesinato habría cumplido diez años de servicio en la ciudad Condal.
El atentado ocurrió pasadas las ocho de la mañana, cuando Sucino y su suegro, Juan Carlos Benítez, se disponían a dirigirse a sus respectivos trabajos en Barcelona en el vehículo de la víctima, una furgoneta marca Citröén C- 15 matrícula B-2065-KP. El automóvil estaba aparcado a escasos metros de la vivienda del policía, ubicada en el número 52 de la avenida del Tibidabo, en El Prat.
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| Policía José Sucino Ibáñez |
José Juan, que vestía de paisano, se disponía a poner en marcha su vehículo cuando aparecieron junto a la ventanilla dos jóvenes que llamaron la atención del policía golpeando la ventanilla delantera y a continuación le dispararon a bocajarro ocasionándole la muerte casi instantánea. El agente, que vestía de paisano, recibió tres impactos, de bala. Dos de ellos le entraron por el pabellón auditivo y salieron por el maxilar y la nuca, siendo este último mortal de necesidad, según la autopsia. El tercero se alojó en el pecho. Los terroristas efectuaron un cuarto disparo que no llegó a alcanzar al agente, cuya bala fue localizada entre sus ropas. El suegro del policía, según testigos presenciales, sufrió un ataque de nervios mientras gritaba: "han matado a mi yerno". El cadáver del agente quedó recostado hacia atrás en su asiento, con un pie sobre, el acelerador.
Los dos jóvenes, vestidos con pantalones tejanos y cazadoras, utilizaron balas del calibre 9 milímetros parabellum, munición empleada por ETA. Según una testigo presencial, llevaban una bolsa y utilizaron una sola pistola.
Los autores del atentado empren dieron la huida, primero a pie, y después en una moto roja de gran cilindrada que habían dejado estacionada a poca distancia del lugar de los hechos. Las fuerzas de seguridad hallaron posteriormente en el suelo casquillos de bala calibre nueve milímetros Parabellum, munición utilizado habitualmente por ETA y GRAPO.
Durante su huida, la pareja se topó con una mujer que conducía un turismo. La testigo aseguró que se vio obligada a frenar para no atropellarles. Los dos jóvenes se saltaron el semáforo en rojo justo cuando se cruzaban con una patrulla municipal que circulaba en sentido contrario. Según la descripción que facilitó la testigo, la el terrorista llevaba un anorak oscuro y ella otro blanco. Iban sin casco y ella era morena y alta con media melena y sujetaba una bolsa de plástico con la mano izquierda.
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| Lugar del atentado |
Posteriormente los investigadores policiales confirmaron que los autores del atentado utilizaron una pistola y un revólver en el atentado. Seguidamente, los terroristas escaparon hacia la avenida del del Tibidabo y doblaron a la izquierda hacia la calle Remolat, donde subieron a una moto roja que tenían aparcada detrás de un quiosco de la ONCE, a unos 100 metros del lugar del atentado
Los investigadores sospecharon inmediatamente que la autoría de ese atentado correspondía a los Grapo que hacía unos días (el vienes 15 de diciembre de 1989) habían herido en Valencia al coronel del Ejército, Juan Marco Arnau, incluso consideraron que los asesinos podría ser las mismas personas.
Su tesis se basaba en que, en ambos casos, los terroristas dispararon contra sus víctimas cuando salían de sus domicilios y huyeron en una moto.
La policía mostró tras el atentado a los testigos, fotografías de Laureano Ortega Ortega y Encamación León Lara, implicados en los atentados de Valencia y en el perpetrado el 13 de diciembre de 1989 en Madrid contra el comandante Ramón Santeodoro Vicente. También estableció controles en Barcelona que provocaron retenciones de más de 10 kilómetros. . El atentado que costaba la vida a José Sucino suponía la reaparición del terrorismo en Barcelona tras un año sin acciones mortales de esa naturaleza.
La capilla ardiente fue instalada en la sala de plenos del Ayuntamiento de El Prat tras una llamada telefónica del jefe superior de Policía de Barcelona, Enrique de Federico, al alcalde de la ciudad, Lluís Tejedor —de Iniciativa per Catalunya—.
En la noche de ese mismo día, lunes 18 de diciembre de 1989, medio millar de personas se concentraban frente al Ayuntamiento de El Prat -localidad del cinturón industrial barcelonés de 63.000 habitantes-, para expresar su rechazo al terrorismo.
El gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, tras visitar la capilla en que descansaban los restos mortales del policía afirmó: "Ha sido un asesinato repugnante. Por los indicios que hay parece que se trata del Grapo.
Unas 3.000 personas asistieron al día siguiente, martes 19 de diciembre de 1989 al funeral por el alma del Policía Nacional asesinado. El féretro del malogrado Policía Nacional llegó al templo de San Pedro y San Pablo desde el salón de plenos de Ayuntamiento de El Prat a hombros de compañeros y envuelto en una Bandera Nacional. La unidad de música de la Policía Nacional llegada expresamente desde Madrid interpretó al paso de féretro una marcha fúnebre entre los aplausos de gran cantidad de vecinos que se habían congregado en las inmediaciones de la Iglesia Rindieron honores una Compañía de la Policía Nacional y dos secciones de la Guardia Civil.
En la homilía el jefe de los Servicios Religiosos de la Dirección General de la Policía, Carlos González Villalba recordó el bautizo de la hija del policía asesinado celebrado el día anterior al asesinato. “El gozo de ese día”, dijo el oficiante, “se ha convertido en inmensa pena”, “Las risas y alegrías del domingo se han convertido hoy en dolor por la muerte de un hombre bueno”. A continuación dirigiéndose a todos los Policías Nacionales presentes en el funeral afirmó: “cualquier persona honrada nunca agradecerá lo suficiente lo que hacéis para que podamos vivir en paz”.
Al finalizar el funeral el féretro con los restos mortales de José Sucino fue sacado al atrio a hombros de compañeros mientras sonaba la marcha La Muerte no es el Final y el toque de oración en nuestros ejércitos. En esos momentos surgieron numerosas voces y gritos de “Viva a España” “Viva la Policía Nacional” y “ETA asesina”. Por su parte familiares de policías pidieron con gritos de desesperación, al pasar el ministro del Interior, más protección para las Fuerzas de Seguridad. “Menos negociación y más protección”. “Protejan a la Policía, a la Guardia Civil, a todos, porque es tan desamparados. Estamos hartos. Mañana puede ser mi marido. No hay derecho. Llevan a los terroristas al Parlamento y dejan desamparados a los policías”. y “Vosotros los políticos sois los culpables de dejar a los terroristas en el parlamento”
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, que presidió el funeral declinó hacer cualquier tipo de declaración. Además del ministro del Interior, estuvieron presentes en los funerales diversas autoridades civiles y militares, así como responsables de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. La esposa del agente fallecido tuvo que recibir asistencia médica con tranquilizantes debido a su estado de nerviosismo. El presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, que delegó su representación en el conseller Gomis, acudió por la mañana al Ayuntamiento pratense en donde estaba instalada la capilla ardiente. Los restos mortales de Juan José Sucino fueron trasladados en un “Aviocar” desde El Prat hasta Jerez de la Frontera, siendo enterrado en San Fernando (Cádiz).
A su llegada a Jerez los restos de José Sucino fueron recibidos por el delegado del Gobierno en Andalucía, Gobernador Civil de Cádiz Gobernador Militar, Comisario de Policía, así como representaciones de la Policía Nacional, Ejercito y Guardia Civil y otras autoridades civiles que acompañaron el duelo hasta San Fernando, donde esperaban más cuatro mil vecinos que recibieron con gritos de Viva España y vivas a la Policía Nacional la entrada del féretro en el cementerio donde posteriormente recibiría cristiana sepultura.
Cinco miembros de la banda terrorista GRAPO eran detenidos en Madrid a finales de octubre de 1990 cuando realizaban los preparativos para secuestrar al industrial Alejandro Gómez Durán, que según la policía tenían muy avanzados. Los grapos detenidos eran Fernando Silva, Jesús Cela, María Jesús Romero, Olga Oliveira y Guillermo Vázquez, formaban parte de dos grupos dirigidos por Silva Sande y Cela Seoane que se habían unido para preparar el secuestro de un industrial, del que se disponía de una información muy minuciosa. En los registros efectuados en los dos pisos habían sido encontradas cinco armas de fuego, sustraídas a miembros de las Fuerzas de Seguridad, tras la comisión de atentados contra ellos. También eran intervenidos los documentos de identidad falsos utilizados por los terroristas y abundante documentación de carácter interno de los GRAPO, así corno informaciones sobre futuros y potenciales objetivos de la banda. La Policía les atribuía numerosos asesinatos y atentados, entre ellos el del Policía Nacional Jose Sucino en Barcelona en 1989 y el del también Policía Nacional Bernardino Ortega, sucedido en Madrid en 1988.
Fernando Silva Sande uno de los histórico de la organización terrorista protagonizaba en septiembre de 1990 un intento fallido de fuga de la prisión de Cartagena. Como resultado de ello fue trasladado de prisión, pasando por la de Granada, Alcalá-Meco y de nuevo Granada. El 31 de marzo de 1992 logró fugarse de la prisión granadina, volviendo a la militancia en los GRAPO, En noviembre de 2000 fue detenido en Francia junto a otros seis miembros de los GRAPO, entre ellos Manuel Pérez "camarada Arenas", líder de la organización. Condenado a prisión por asociación de malhechores con fines terroristas, fue entregado temporalmente a España en 2005 y extraditado definitivamente en 2007, y juzgado por el secuestro de Publio Cordón, siendo condenado a 28 años de cárcel. Arrepentido, en la actualidad colabora con la Audiencia Nacional y la Guardia Civil para dar pistas del paradero del cuerpo de Publio Cordón
En junio de 2013 el otro histórico miembro de los Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), Jesús Cela Seoane, quedaba en libertad después de haber permanecido en prisión durante 23 años. Detenido en octubre de 1990, abandonó el día 21 de junio la cárcel de Badajoz donde había pasado los últimos 15 de su condena. Antes había estado en las prisiones de Carabanchel (Madrid), Soria, Alcalá Meco (Madrid), Sevilla y Topas (Salamanca).
María Jesús Romero Vega, condenada a cumplir 75 años de prisión por dos asesinatos: el del médico que atendía a los miembros de la banda que estaban en huelga de hambre y el del empresario coruñés Claudio San Martín en 1988 salía de la prisión de Huelva en noviembre de 2013. La reclusa, que debía completar entre rejas el máximo de 30 años que marcaba la ley (por lo que no debería haber salido del penal hasta 2020), fue puesta en libertad en cumplimiento de la anulación de la doctrina Parot dictaminada por el Tribunal de Estrasburgo.
La Audiencia Nacional acordaba en 2013 la excarcelación de la viguesa Olga Oliveira, integrante del comando itinerante del GRAPO acusado de asesinar al coronel Manuel López Muñoz en Valladolid en 1990 y al Policía Nacional José Sucino en Barcelona entre otros atentados. Olga recorrió una decena de prisiones debido a su peligrosidad. Nunca mostró signos de arrepentimiento. Llevaba en prisión 23 años, y aplicando la Doctrina Pero se iba a mantener en la cárcel otros siete años más, hasta 2020. Sin embargo, gracias a algunos trabajos realizados, ha logrado reducir su condena.
El Policía Nacional José Sucino Ibáñez asesinado era natural de San Fernando (Cádiz), tenía 31 años y residía en El Prat de Llobregat desde hacía siete años, estaba casado y era padre de tres niñas: Soraya, de 12 años; Alicia, de 9, y Silvia, de 40 días; la cual había sido bautizada el día anterior al atentado.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió a José Sucino Ibáñez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Carlos Fernández Barallobre.
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