A la una y cuarto de la tarde del 15 de abril, dos miembros de ETA asesinaban a tiros en Vitoria a Antonio Gómez Osuna y Francisco Espina Vargas, miembros de una patrulla motorizada del Cuerpo Nacional de Policía.
El atentado en el que perdieron la vida los Policías Nacionales se produjo cuando los dos agentes, se encontraban identificando a unos jóvenes sospechosos de estar relacionados con el tráfico de drogas.
Mientras los agentes llamaban por su radioteléfono para comprobar la identidad de algunas de las personas que estaban identificando, tres terroristas salieron del Bar Adurzabal, armados con pistolas, e hicieron fuego con sus armas contra los policías, en presencia de numerosas personas que transitaban por el lugar. Según varios testigos presenciales, los agresores atentaron primero contra uno de los policías y, posteriormente, dispararon contra el segundo, que intentó resguardarse entre dos coches aparcados en la misma calle. Francisco Espina recibió tres impactos en el pecho y fue rematado en el suelo. Ninguno de los dos Policías tuvo tiempo de hacer uso de su arma reglamentaria.
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| Policía Francisco Espina Vargas |
Una de las balas disparadas rebotó en una pared y alcanzó a un joven que se encontraba sentado en unas escaleras, produciéndole una herida en un hombro.
Cometido el atentado, los tres miembros del comando, que actuaron a cara descubierta, huyeron a pie hasta la Iglesia de San Cristóbal, situada a unos cien metros de lugar de los hechos, donde un cuarto etarra les esperaba a bordo de un coche Talbot 150 de color blanco. El vehículo había sido robado previamente por la fuerza, dejando a su propietario dentro durante la comisión del atentado. Antes de emprender la huida, obligaron al dueño del coche a apearse. El vehículo fue encontrado poco después en la calle San Antonio, según informó el Gobierno Civil de Álava.
Aunque se indicó que los policías podían haber sido atraídos al lugar por una llamada telefónica que anunciaba que había unos jóvenes drogándose, fuentes oficiales negaron ese extremo. Según medios policiales, la presencia de patrullas en aquella calle era habitual, dado que en ella se encontraban algunos bares que solían ser frecuentados por delincuentes muy conocidos de Vitoria. Por esta razón, eran habituales las pequeñas operaciones de control como la que estaban realizando los dos agentes asesinados. Uno de ellos, además, residía en una vivienda próxima al lugar donde se produjo el atentado. Los dos policías fueron conducidos urgentemente a la Casa de Socorro, en primer lugar, y al Hospital de Santiago, posteriormente, pero cuando llegaron a este centro sanitario habían fallecido. Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza, con pérdida de masa encefálica.
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| Policía Antonio Gómez Osuna |
Según el parte médico, Francisco presentaba varias heridas por arma de fuego, una con orificio de entrada en el globo ocular izquierdo y tres más en tórax y abdomen. Antonio, por su parte, presentaba tres impactos de bala en la región craneofacial y otros tres en la región torácica. La persona herida en el atentado fue ingresada en el mismo hospital, donde se diagnosticó que su estado era menos grave.
Francisco Espina Vargas iba a cumplir 30 años el día 17 del próximo mes de mayo, era natural de la localidad sevillana de Coria del Río, estaba casado y tenía dos hijos. El segundo policía muerto, Antonio Gómez Osuna, de 32 años, había nacido en Puebla del Río, también en la provincia de Sevilla, estaba casado y tenía una hija. Los dos policías, que estaban destinados en Vascongadas desde hacía siete años, habían pedido el traslado a su provincia de origen hacía algunos meses, pero todavía no les había sido concedido.
Tras el atentado, fuerzas de la Seguridad del Estado se personaron en el lugar de los hechos. Efectivos policiales hallaron bajo un coche varios casquillos 9 milímetros FF Parabellum, munición utilizada habitualmente por ETA.
La capilla ardiente fue instalada a las siete de la tarde en el Gobierno Civil de Álava por donde desfilaron múltiples personalidades y vitorianos anónimos, que quisieron testimoniar su pésame a las fuerzas de la Policía Nacional. A primer ahora de la mañana el Obispo de Vitoria, Monseñor Larrauri, dirigió el rezo de un responso por el alma de los dos policías asesinados
El funeral por los dos policías asesinados se inició a las once de la mañana del día siguiente en la iglesia de San Miguel, con presencia de numerosas autoridades civiles y militares. Cientos de personas abarrotaron el templo, teniendo que permanecer una gran parte de los asistentes en el exterior. En la homilía, el párroco de la iglesia de San Miguel, Félix Uriarte, acusó de “falsos redentores”a aquellos que truncan vidas por balas asesinas”. El sacerdote, que hizo un llamamiento para que retirasen su apoyo a la violencia quienes la respaldaban, concluyó la homilía diciendo que “así no se puede construir una casa habitable para nadie”.
A la salida del acto religioso, sonó el Himno Nacional y los asistentes despidieron los féretros de los dos policías, que iban cubiertos con la Bandera Nacional, con emocionados gritos de viva a España, viva la Policía y una gran salva de aplausos, mientras algunas personas, entre las que se encontraban numerosos familiares de policías abuchearon, increparon a las autoridades e intentaron hacerse con los féretros, algo que fue evitado con mucho tacto y cariño por compañeros de las víctimas.
Los restos mortales de los agentes Francisco Espina Vargas y Antonio Gómez Osuna llegaron al aeropuerto de Sevilla a bordo de un Aviocar del Ejército del Aire que provenía del aeropuerto de Fuenterrabía. Numerosas autoridades, entre las que se encontraban el presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla; Delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido; Gobernador Militar de Sevilla; Jefe Superior de Policía de Sevilla, Enrique Mora Morandeira; alcaldes de Sevilla, Brenes y San Juan de Aznalfarache; compañeros Policías Nacionales, Guardias civiles, amigos y familiares de las víctimas, acudieron a recibirles y acompañarles posteriormente a las localidades sevillanas de La Puebla del Río y Brenes, donde recibieron sepultura.
A la llegada de los dos féretros, que venían acompañados por las viudas e hijos de los policías asesinados, otros familiares, que esperaban en el aeropuerto, rompieron a llorar desconsoladamente. Varios familiares y amigos de las victimas increparon con dureza al presidente de la Junta de Andalucía y al delegado del Gobierno diciendo en alta voz:” Esto es un crimen, Dios mío y no hacéis nada por evitarlo, y el ministro, que parece un cura presidiendo tantos funerales de policías, ¡que nos den a nosotros diez o veinte etarras y verán que hacemos con ellos”.
Los féretros de Francisco Espina Vargas y Antonio Gómez Osuna, envueltos en la Bandera Nacional, fueron trasladados desde el avión militar a hombros de compañeros hasta dos furgones funerarios que formaron parte de las dos comitivas automovilísticas que acompañaron a los ataúdes cubiertos de numerosa coronas de flores hasta las localidades de Brenes y San Juan de Aznalfarache donde fueron cristianamente sepultados. El Jefe Superior de Policía de Sevilla, Enrique Mora, señalaría a los medios de información “que una vez más la Policía siente dolor por haber perdido dos hombres, dos bajas más, pero el ánimo de la Policía está intacto y seguiremos luchando en la medida de nuestras fuerzas por España contra el terrorismo”.
Unos días después se conoció que el asesinato de los dos policías nacionales había sido obra del comando “Araba” de ETA militar. Fuentes policiales informaron que uno de los presuntos componentes del citado comando era, por las descripciones físicas de los autores del doble asesinato facilitada por testigos presenciales de los hechos, Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias “Manu”, antiguo miembro del “comando Donosti”. Urionabarrenechea Betanzos, natural de Bilbao, de 36 años de edad, estaba acusado de haber participado en al menos seis atentados como miembro del comando “Donosti”, en los que habían perdido la vida nueve personas.
Fuentes de la lucha antiterrorista señalaron que a principios de ese año 88 se produjo un relevo de los miembros del “comando Araba”, que habían sido sustituidos por nuevos activistas. Este nuevo “talde” llevó a cabo su primer atentado el 14 de marzo, al lanzar varias granadas de carga hueca contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio. Su siguiente acción fue el asesinato de un miembro de este Cuerpo en Durango, seis días más tarde, y el del general Azcárraga, en Salvatierra, el 27 de marzo. El balance de ese mes de actuaciones del “comando Araba” era de cuatro personas muertas, otras cuatro heridas y el robo de tres coches a punta de pistola, con el secuestro de cuatro personas por este motivo
El atentado, en efecto, fue cometido por miembros del grupo Araba de ETA. Dos de ellos, Juan María Oyarbide y Manuel Urionabarrenechea, no pudieron ser juzgados al resultar muertos en septiembre de 1989 en un enfrentamiento con la Guardia Civil. En 1991 fue condenado como autor material de los asesinatos de Francisco Espina Vargas y Antonio Gómez Osuna, Juan Carlos Arruti Azpitarte alias “Paterra”. En la misma sentencia fueron condenados, en calidad de encubridores, el matrimonio formado por Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa. Fueron los que dieron cobijo a los cuatro asesinos tras cometer el atentado. Por último, Ramón Aldasoro Magunacelaya, alias “El Rubio” detenido en Miami en 1997 y extraditado a España desde EEUU en noviembre de 2001, fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional ese año también como autor material de los asesinatos.
Juan Carlos Arriti Azpitarte “Paterra”, a quien se le aplicó doctrina Parot para alargar su condena, abandonó el 19 de noviembre de 2013 el Centro Penitenciario de Alcolea, en la provincia de Córdoba.
En mayo de 2017 el Tribunal Supremo ordenaba a la Audiencia Nacional que hiciese una nueva liquidación de condena al etarra Ramón Aldasoro en la que incluyese los días de redención ordinaria y extraordinaria que le habían sido reconocidos lo que determinaría su puesta en libertad en enero de 2018.Posteriormente el Tribunal Supremo dejaba sin efecto su anterior orden. A fecha de hoy Aldasoro continúa en prisión a la espera de quedar en libertad.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, concedió se a Francisco Espina y Antonio Gómez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Carlos Fernández Barallobre.
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