Cuando la linde se acaba…

Publicamos este magnífico artículo de nuestro gran amigo y compañero el Inspector Jefe (R) Martín Turrado Vidal y lo apoyamos, punto por punto, en todo lo que señala. Ya estamos hartos de las reiteradas mentiras de todos estos que persisten en empañar nuestra gloriosa historia de 201 años al servicio de España.

Un alma caritativa no sé muy bien con qué intenciones me ha pasado un wasap de José Luis Borrero, que comienza diciendo: “El Ministerio del Interior desde 1995 conoce que la Superintendencia General de Policía no tuvo continuidad a partir de 1835, por tanto, jamás la Policía Nacional, puede cumplir doscientos años de servicios ininterrumpidos a la sociedad y a España”. Hay una doble mentira en este párrafo, lo cual es comienzo prometedor. La primera, es que se inventa, según su costumbre inveterada, la historia. En este caso, supone que la Superintendencia era la totalidad de la policía. En realidad, únicamente se trataba de su órgano directivo. La segunda, es que habla de lo que no sabe. En mi segundo libro, “Introducción a la Historia de la Policía, tomo I: 1766-1873”, publicado en 1985, en sus páginas 120-121 contenía, sin faltarle una coma, el real decreto de 4 de octubre de 1835. Ese libro tenía carácter de publicación oficial: su editorial fue la División de Formación. El Ministerio conocía diez años antes de lo que dice el autor ese documento.

Cita literalmente la exposición de motivos de ese decreto, pero su interpretación no es que sea subjetiva es que totalmente contraria a lo que dice el texto: “sin perjuicio de las reformas en que os estáis ocupando”. José Luis Borrero es el único mortal sin sentido común que tira una casa cuando tiene la intención de reformarla. Esta alusión a posibles reformas no hubiera sido incluida en ese decreto, si se hubiera tenido la intención de suprimida. Lo cual es una excelente muestra de la habilidad o inutilidad de este licenciado en derecho para interpretar textos jurídicos.

Como ni se documenta ni maneja bases de datos, no sabe este historiador que desde el 20 de diciembre de 1836 existió una circular del Ministerio de la Gobernación que desmiente enteramente lo que él afirma. Su fecha es significativa, dos días después de suprimir las contadurías de la Superintendencia. Esa circular fue difundida en la Gaceta de Madrid y en todas las provincias mediante sus boletines oficiales. ¿Qué decía el Ministerio a los Jefes Políticos en esa Real Orden circular? ¿Qué se había suprimido la policía? Juzguen por sí mismos, para que se hagan una idea aproximada de la inutilidad del licenciado:

“3ª sección: circular n º 17.- En la Gaceta de Madrid del día 21 de diciembre próximo pasado, se halla inserta la real orden expedida por el ministerio de la Gobernación de la península con fecha de 18 del mismo mes, que a la letra es como sigue:

Considerando S. M. que restablecida la ley de 3 de febrero de 1823 sobre el gobierno económico-político de las provincias, compete a los alcaldes constitucionales bajo la inspección de los goles políticos la conservación de la tranquilidad y del orden público, y la seguridad y protección de las personas y bienes de los habitantes de sus respectivos distritos, en los términos que establece el capítulo 3º de la misma ley; y para llevar a debido efecto este nuevo sistema, conviene poner en armonía con él la actual forma del ramo de protección y seguridad pública, puesto que las autoridades locales referidas, auxiliadas por las subalternas que de ellas dependen, deben vigilar sobre aquellos interesantes objetos, se ha servido disponer: que en 31 del presente mes queden extinguidas las depositarías principales de policía y las subdelegaciones de partido con todas sus dependencias: y que V. S. sin levantar mano se ocupe en proponer a S. M. el arreglo que, atendidas las circunstancias, convenga hacer en los empleados, que en la capital y pueblos de consideración de la costa y fronteras, deban ocuparse a sus inmediatas órdenes bajo la base de la más estricta y útil economía, y de que su principal y único objeto ha de ser la protección de los ciudadanos, y conservación de la tranquilidad pública.

Por consecuencia de la anterior resolución, la expendición de los pasaportes y licencias del ramo de protección y seguridad pública correrá desde 1º de enero de 1837 a cargo de los alcaldes constitucionales de barrio, que recibirán los documentos de la mesa de contabilidad de esa secretaría en los términos que establezca la instrucción que al efecto se comunicará, sin hacer novedad por ahora en las retribuciones que en el día se exigen, ni en su aplicación, hasta que las Cortes decidan sobre este particular en los presupuestos del año próximo venidero. De Real orden lo digo a V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes a su cumplimiento”[1].

A la luz de esta circular cabe preguntarse si José Luis Borrero, sin inmutarse ni caer en el mayor de los ridículos, puede seguir afirmando que la policía fue suprimida por el tan citado decreto de 4 de octubre de 1835. Es su fijación. Demuestra saber mucho más que el mismísimo Ministerio de la Gobernación de la época, que, según sus peregrinas tesis, no sabía a quienes mandaba. Esta es la sapientísima razón por la cual esa circular dirigida, a los Jefes Políticos, no se puede tomar en consideración, según este ilustre licenciado. La ciencia infusa de nuestro historiador por autotitulación[2] está por encima de todas estas minucias a la vez que causa sus disparates. La investigación para él no existe: nunca ha pisado un archivo ni ha manejado con soltura una base de datos. ¿Quién es más falso y mentiroso a la luz de todo lo que antecede el licenciado o el Ministerio? ¿Cuántos más siglos puede la Policía Nacional, aunque la cambien otras tantas veces el nombre, continuar prestando servicio ininterrumpido a la sociedad?

Martín Turrado Vidal.

Notas:

[1] Boletín Oficial Balear, suplemento al del jueves (el 19 de enero de 1837) número 507, página 2. Se pone en negrita, porque en esa fecha se constata la existencia de la policía a las órdenes directas de los Jefes Políticos -subdelegados del gobierno- con el nombre de Protección y Seguridad Pública. Claro está, salvando siempre que el licenciado en derecho y monopolizador de la verdad, diga lo contrario sin ninguna prueba “primaria”.

[2] Esto de que se autotitule historiador con el monopolio -o el monipodio- de la verdad, me recuerda una anécdota atribuida a un jefe de una partida de guerrilleros en la Guerra de los Agraviados (1827), que le dictó a uno de sus partisanos un oficio que comenzaba de esta manera: “En vista de mis muchos y merecidos méritos, vengo en nombrarme comandante en jefe de la partida…”