sábado, 15 de diciembre de 2018

1991. ETA asesina en Madrid con un paquete bomba al Subinspector Andrés Muñoz Pérez y al Policía Valentín Martin Sánchez del Cuerpo Nacional de Policía

El día 12 de junio el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Muñoz Pérez y el agente Valentín Martín Sánchez, ambos artificieros, pertenecientes al equipo de técnicos en desactivación de explosivos del Cuerpo (Tedax) resultaban muertos cuando trataban de desactivar un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, localizado en un almacén de la empresa Servitrans en el número 6 de la calle de San Toribio, del barrio madrileño de Vallecas. El paquete-bomba iba inicialmente destinado al presidente de Construcciones Atocha S.A., Jesús Gallego. La empresa era una de las adjudicatarias de la autovía de Leizarán, a cuyo trazado se oponía ETA por su supuesto impacto medioambiental. 

El paquete-bomba fue remitido desde Toledo al número 77 de la calle Ortega y Gasset de Madrid a través de la empresa de mensajería Servitrans. La empresa había intentado entregar el paquete durante toda la mañana del día anterior, pero no pudo llevar a cabo su misión, debido a que no había nadie en la dirección a la que iba destinado, pues la sede de Construcciones Atocha S.A. se había trasladado a la calle Núñez de Balboa. 

Subinspector Andrés Muñoz

Al ser devuelto el paquete, personal de Servitrans trató de ponerse en contacto con el remitente, averiguando que era un nombre ficticio. En el recibo del envío, que venía a portes pagados, figuraba la inscripción "L.E. y ZARAN" y una dirección de Ciudad Real inexistente. Ante tales sospechas dieron aviso a la Policía, comunicando sus temores acerca del extraño paquete, que pesaba entre tres y cuatro kilos. 

Tras el aviso, un equipo de técnicos en desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía (Tedax) fue enviado a la calle de San Toribio. El subinspector Muñoz y el oficial Martín recogieron el paquete y lo introdujeron en la furgoneta que utilizaban habitualmente para estudiar los artefactos sospechosos. En ese momento se produjo una explosión muy violenta que les causó la muerte en el acto. 

Policía Valentín Martín

Otros dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, y otros dos destinados en la comisaría de Vallecas sufrieron heridas de diversa consideración. Se trataba del policía José Rubio Ríos, que sufrió lesiones en la cara y hundimiento facial; Julián Ramírez Berbel, con traumatismo ocular; José Vicente Capel, con heridas inciso-contusas en las piernas y el abdomen, y Salvador Pinel Morales, que padecía una contusión en el muslo izquierdo. 

Dos vecinos de la zona Antonio Manuel Barrajón Buitrago y Juan Mateo Peral Ocaña sufrieron contusiones, al resultar alcanzados por los hierros convertidos en metralla. Trozos de la carrocería de la furgoneta fueron localizados incluso en los tejados de las casas colindantes. 

La muerte de los dos artificieros -con lo que ya se elevaban a 13 los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ertzaina fallecidos en acto de servicio desde 1978- ocurrió cuando unos 4.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía se manifestaban en el paseo de la Castellana de Madrid. 

Homenaje a los Policías abulenses muertos en acto de servicio (2016)

Cuando los manifestantes, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), conocieron la noticia de la muerte de dos compañeros en Vallecas, el ambiente se enrareció. Los gritos de "asesinos" arreciaron, unidos a insultos dirigidos al ministro del Interior, José Luis Corcuera. Algún manifestante aislado dio vivas al GAL. Los dirigentes del SUP pidieron un minuto de silencio por los dos policías asesinados, que fue seguido con gran tensión. Tras algunos minutos de desconcierto, un dirigente sindical pidió a través de un megáfono frialdad y serenidad, lo que fue contestado con un enorme abucheo. 

Al funeral por los dos agentes, celebrado por la mañana del día 13 de junio, en las dependencias de los Servicios Centrales de Policía Judicial de Canillas en Madrid, acudieron el ministro del Interior, José Luís Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera; el delegado del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo; los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil -José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, respectivamente, el alcalde electo de Madrid, José María Álvarez del Manzano, tres subdirectores de la Policía Nacional y el ex ministro José Barrionuevo, entre otras autoridades civiles, militares y policiales. La Misa fue oficiada en la intimidad por estricto deseo de los familiares de los dos policías muertos. No se permitió el paso al recinto policial a periodista y fotógrafos. En el acuartelamiento formaron dos compañías de la Policía Nacional, junto a la Unidad de Muisca que rindieron los honores pertinentes, interpretando la marcha La Muerte no es el Final y el Toque de Oración. 

La salida de los dos vehículos fúnebres fue despedida con grandes aplausos por los vecinos, que en gran número, se congregaron a las puertas de la antigua Academia de la Policía. 

Homenaje en Vallecas al Subinspector Muñoz y al Policía Martín (2016) 

La banda terrorista ETA se atribuyó el atentado en un comunicado publicado por el diario Egin el 28 de junio. En el mismo aseguraban que el paquete-bomba no iba dirigido contra directivos o empleados de Construcciones Atocha, sino contra los artificieros de los Tedax de la Policía Nacional. Sin embargo, el 3 de agosto ETA envió otro paquete-bomba a la misma empresa. Felipe Rey Patiño, ejecutivo de la misma, y el vigilante Antonio Llanes Chacón resultaron heridos a consecuencia de la explosión. Antonio perdió la mano izquierda y sufrió la amputación de varios dedos de la otra. 

Construcciones Atocha había presentado suspensión de pagos el 21 de mayo y sus 600 trabadores llevaban un mes y medio sin cobrar. Construcciones Atocha, constituida en 1976 con un capital de 25 millones de pesetas, adquirió la compañía Ramos Hidalgo, que era la adjudicataria del tramo guipuzcoano de la autovía de Leizarán, presupuestado en 7.000 millones. 

La presión de la banda terrorista para que se modificase el trazado de la autovía de Leizaran, obtuvo sus frutos después de tres asesinatos y nueve heridos. El 22 de abril de 1992 el Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa, con los votos a favor del PNV y el PSE, y la aquiescencia de Herri Batasuna, llegó a un acuerdo para dar vía libre a su construcción, modificando parte del trazado exigido por los etarras. 

En 2005 la Audiencia Nacional la Audiencia Nacional condenaba a 296 años de prisión al etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, por el atentado perpetrado en Madrid, que acabó con la vida de los artificieros de la Policía Nacional Andrés Muñoz y Valentín Martín. 

La sentencia, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, consideraba probado que en 1991 José Luis Urrusolo Sistiaga formaba parte de un comando de ETA que decidió atentar contra alguna de las empresas que habían participado en la construcción de la autopista del Valle de Leiza, por el supuesto impacto ambiental de esa obra. 

Así, eligieron la empresa Construcciones Atocha y Urrusolo Sistiaga logró obtener la información sobre su presidente y la ubicación de su sede. 

Los etarras prepararon un paquete bomba con tres kilos de amonal y le colocaron un mecanismo para explotar en el caso de que los artificieros lo localizasen y tratasen de proceder a su desactivación. 

Comisión de personal del Tedax en la homenaje de Vallecas (2016)

El 11 de junio de 1991, uno de los miembros del comando se desplazó a Toledo con el paquete bomba y lo depositó en la empresa Servitrans para que lo entregasen el día siguiente en Madrid en la dirección que habían averiguado. 

El paquete fue transportado a Madrid, pero no pudo ser entregado porque la empresa a la que iba dirigido el sobre había cambiado de dirección. 

"Al ser devuelto el paquete a los locales de Servitrans, el personal de la empresa trató, poniéndose en contacto con su sede de Toledo, de localizar al remitente, lo que les permitió darse cuenta de que el remitente era ficticio, ante lo cual decidieron dar aviso a la policía", relataba la sentencia. 

“Una vez acordonada la zona, dos miembros del servicio de desactivación de explosivos, Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez, se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial”. 

“En el momento en que se disponían a examinar el artefacto para proceder a su desactivación”, continuaba la sentencio, “la bomba explotó, acabando con la vida de los dos artificieros e hiriendo a otras diez personas más”. 

Para los magistrados, los hechos descritos eran constitutivos de doce delitos de asesinato, diez de ellos frustrados, y un delito de estragos, por lo que procedía imponer a Urrusolo Sistiaga un total de 296 años de prisión. 

Asimismo, condenaban a Urrusolo Sistiaga a indemnizar con 350.000 euros a cada una de las familias de los dos artificieros asesinados. 

En febrero de 2016, el antiguo miembro de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga, salía de la prisión alavesa de Zaballa y quedaba definitivamente en libertad tras cumplir 19 años de cárcel de los más de 900 años a los que había sido condenado. Urrusolo Sistiaga "el hombre de las mil caras" por su habilidad para camuflarse, redimió pena por estudios y trabajo, y el Tribunal Supremo tuvo en cuenta los seis años cumplidos en Francia, donde fue detenido en 1997, para descontarlos de su condena. Urrusolo, expulsado de la banda terrorista, se acogió a la vía Nanclares, a la que se adhirieron otro etarras partidarios del fin del terrorismo. 

En diciembre de 2015 la Audiencia Nacional condenaba a 296 años de prisión a los etarras Juan Jesús Narváez Goñi y a su pareja, Itziar Alberdi, por participar en el asesinato con un paquete bomba de los policías Nacionales Andrés Muñoz y Valentín Martín, técnicos en desactivación de explosivos el 11 de junio de 1991. 

En la actualidad Narváez Goñi e Itziar Alberdi cumplen condena. 

El subinspector Andrés Muñoz Pérez era natural de Navaluenga (Ávila), donde recibió cristiana sepultura, arropada su familia por las primeras autoridades civiles , militares y policiales de la provincia, centenares de vecinos de Navaluenga, pueblos de las cercanías, numerosas personas llegadas desde la capital, entre ellos un nutrido grupo de alumnos de la Academia de Policía. Tenía 51 años, estaba casado y era padre de seis hijos, con edades comprendidas entre los 24 y los 5 años. Llevaba treinta años de servicio, la mitad de ellos en los Tedax. Entró en la Unidad de Desactivación de Explosivos de Madrid para sustituir a Esteban del Amo García, asesinado en Madrid el 12 de junio de 1985, cuando intentaba desactivar una bomba trampa que el grupo terrorista Eta, había dejado en el interior de un vehículo aparcado en la segunda planta del aparcamiento de El Corte Inglés de la avenida de Felipe II. Casualmente, Esteban y Andrés, fueron asesinados el mismo día, pero con seis años de diferencia. 

El oficial Valentín Martín Sánchez tenía 38 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Estaba casado y tenía dos hijos de 9 y 6 años. Era natural de Grimaldo (Cáceres), adonde acudía frecuentemente con su mujer y sus hijos. Sus restos mortales fueron enterrados en Móstoles, donde vivía. 

En noviembre de 2009, el ayuntamiento de Navaluenga rendía homenaje a todas las víctimas del terrorismo en la figura del artificiero del Cuerpo Nacional de Policía, Sub inspector Andrés Muñoz Pérez, con la inauguración de un monolito y una calle que llevaría, desde ese instante, el nombre del agente asesinado por el terror de ETA. 

El 23 de septiembre de 2016 el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entregaba en Ávila un recuerdo a los familiares de policías abulenses que murieron en atentados terroristas. Hermanos e hijos de los Policías Nacionales abulenses asesinados por el terrorismo estuvieron presentes en el acto de recuerdo de Francisco Martín González, asesinado por ETA el 27 de junio de 1978 en San Sebastián; Ignacio García García, asesinado en Madrid por un comando de los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) el 4 de mayo de 1981. Máximo Díaz Bardera, asesinado por ETA en San Sebastián, el 21 de mayo de 1985. Andrés Muñoz Pérez, muerto 12 de junio de 1991, en Madrid, mientras intentaba desactivar un paquete bomba que ETA había enviado a una empresa. José Luis Jiménez Barrero que falleció el 3 de julio de 1991, dos días después de resultar herido mientras intentaba desactivar un paquete-bomba enviado por la siniestra organización ETA y Bonifacio Martín Hernández, que el día treinta de mayo de 2003 estaba en Sangüesa, adonde iba cada dos meses a facilitar la renovación del DNI a los vecinos de ese municipio y fue asesinado junto a su compañero Julián Embid por medio de una bomba lapa colocada por ETA en los bajos del vehículo oficial que utilizaron los dos Policías Nacionales. 

Fue un acto sencillo y emotivo en el que Cosidó afirmó que la exposición La victoria de la libertad "es un homenaje a nuestros héroes y pretende también ser una celebración, la celebración de la fortaleza, de la determinación, de la voluntad de la sociedad española que unida ha sido capaz de derrotar a los terroristas, algo de lo que todos los españoles debemos sentirnos especialmente orgullosos", 

El lunes 17 de octubre de 2016 , la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Victimas del Terrorismo (APAVT), rindió en Vallecas un sentido homenaje a los TEDAX de la Policía Nacional, Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martin Sánchez, asesinados el 12 de junio de 1991, cuando intentaban desactivar un artefacto explosivo enviado a través de la agencia Servitrans. 

En la calle San Toribio y a la altura del número seis, lugar donde se produjo la explosión, se congregaron, además de las familias de Andrés y Valentín, numerosas víctimas del terrorismo y trabajadores de la empresa Servitrans que quisieron acompañar a la APAVT en dicho homenaje, también quisieron reconocer el trabajo de los TEDAX asesinados y honrar su memoria, entre otros, Sonia Ramos, Directora General de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo; José Manuel Pérez, Subdirector de la Dirección General de la Policía; el Comisario General de Información, Enrique Barón; el Jefe del Servicio Operativo del servicio TEDAX de la Policía Nacional, Javier Navalmoral, así como Rubén López Sánchez, de la Confederación Española de Policía; el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez; la Presidenta de Honor de la AVT, Ángeles Pedraza, Concejales del Ayuntamiento de Madrid, miembros de la Asamblea de Madrid, y numerosos miembros del Cuerpo Nacional de Policía y TEDAX y el Presidente de APAVT, Miguel Folguera. 

En el acto Folguera señaló que “es importante que sigamos haciendo estos homenajes y recuerdos para rememorar lo que ha pasado en este país. Un terror que no verá el final hasta que los terroristas no entreguen la totalidad de las armas, colaboren con la Justicia y pidan perdón a las víctimas. Queremos un final, sí, pero no uno imperfecto sin impunidad: queremos unos vencedores, las víctimas, y unos vencidos, los terroristas”. Asimismo, el presidente de APAVT, cuestionó ese supuesto final de ETA que “nos intentan vender a pesar de que hace apenas unos días se ha localizado un zulo de ETA con 145 pistolas en perfecto estado y unos radicales han agredido violentamente a dos guardias civiles en Navarra”. 

Más tarde, tomó la palabra el Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Alfonso Sánchez, quien señaló que “todas las víctimas del terrorismo merecemos que ese dolor, esa sangre y esas vidas arrebatadas no caigan en el olvido. Que se recuerden, porque si no, el asesino dejará de serlo y la víctima volverá a ser asesinada de nuevo". Tras una emotiva ofrenda floral, de la que fueron protagonistas las familias de Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez, mientras sonaban los acordes de ‘La muerte no es el final’, el Alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, dirigió un Padre Nuestro como colofón al acto. El Himno Nacional puso fin al emotivo homenaje. 

De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo. 

Carlos Fernández Barallobre. 



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