Una historia de la Policía Nacional.: Las casas de empeños como modo de ocultar armas ilegales (I)

Nuestro buen amigo, compañero y colaborador, el Subinspector Antonio Alonso Rodríguez, nos remite este interesante trabajo sobre el tema que aparece en el título.

Debido a la extensión del trabajo, lo publicaremos en varias entradas.

Una atenta lectura del Sumario instruido por el atentado cometido el 31 de mayo de 1906 contra Alfonso XIII y su mujer, Victoria Eugenia de Battenberg, el día de su boda, proporciona interesantísimos datos sobre numerosas historias que de manera colateral se relacionan con ese criminal ataque que provocó, al menos, la muerte de 25 personas y heridas a más de cien. Y decimos al menos, ya que, muchos de los heridos lo fueron tan gravemente que fallecieron meses después del atentado tras padecer enormes sufrimientos, como por ejemplo la muerte, el seis de enero de 1907, de Aleja Gallego Ruiz de 55 años de edad que, tras perder una pierna a causa de la explosión, falleció en el hospital donde a los médicos, al realizar la autopsia, les sorprendió “…su delgadez, tan extrema, que el cuerpo tenía el aspecto de un esqueleto” y certificaron que la causa de su fallecimiento fue “… las lesiones traumáticas que ella sufrió, sépticas por complicación inevitable y frecuentísima, determinaron una infección general que lentamente fue dañando todo su organismo y arruinando sus defensas orgánicas hasta llevarlo a la caquexia y a la muerte” (1), o el fallecimiento del Teniente de Seguridad Jacinto Monjas Martín, herido gravemente en el pecho y que tras una penosa enfermedad causada por su lesión murió el 31 de octubre de 1907, siendo el primer oficial del Cuerpo de Seguridad caído en acto de servicio (2). Victimas que muchos historiadores olvidan y que elevan, al menos, a veinticinco el número de inocentes asesinados.

Pues bien, otra historia, ésta menos trágica, se puede entresacar de lo instruido en el sumario conocido como “Causa por Regicidio frustrado”: La investigación realizada por el Inspector José Barbará Munté, jefe de la sección especial de la Policía de Barcelona al descubrir que grupos de revolucionarios habían ocultado las armas de fuego que poseían, al objeto de esconderlas ante posibles registros de la Policía, pignorándolas en casas de empeños de la Ciudad Condal.

Era el Inspector José Barbará Munté, un veterano policía de origen tarraconense con más de 20 años de experiencia en el Cuerpo, con 50 años de edad en 1906 (había nacido el 5 de mayo de 1856) y que había desarrollado toda su carrera profesional en Barcelona ciudad donde era, por su trabajo, muy conocido. De hecho, en el juicio que se celebró en Madrid en junio de 1907 para depurar la responsabilidad de José Ferrer y Guardia, José Nakens Pérez y otros tras el atentado contra Alfonso XIII, uno de los abogados defensores preguntó al Inspector Barbará si todos los anarquistas de Barcelona le conocían, a lo que respondió, retador, el policía: “¡Toma, y yo a ellos!”. Posteriormente interrogó el letrado sobre si la prensa de Barcelona había hecho campañas contra él, contra el Inspector Antonio Tressols y el Agente Antonio Ramírez Casado a lo que contestó, entre risas del público presente en la vista: “No sólo campañas periodísticas, sino hasta mítines”.

En mayo de 1906 había recibido el encargo del Gobernador Civil de Barcelona, Tristán Álvarez de Toledo, duque de Bivona, para que reorganizara la sección especial anti-anarquista. Previamente había participado en todas las investigaciones de entidad para el esclarecimiento de los frecuentes atentados terroristas que se producían en Barcelona e incluso colaboró con la Policía francesa en las investigaciones tras el atentado que sufrió en Paris, en junio de 1905, el Rey Alfonso XIII cuando se encontraba junto al Presidente de la República francesa Émile Loubet, informando a la Policía gala que fue Mateo Morral, personaje tristemente famoso por ser el autor material del criminal atentado de la calle Mayor, la persona que facturó, desde Barcelona a Paris, los cuerpos de las bombas que se utilizaron en ese atentado enviados al furibundo anarquista Pedro Vallina Martínez, alias el Tigre, y que ejercía en ese momento de químico-artificiero para la confección de artefactos explosivos para los radicales anarquistas. En enero de 1907, recibe del gobierno francés la Médaille d’honneur, en su categoría de plata. Este excelente policía falleció en Barcelona en noviembre de 1912 a los 56 años de edad y según la noticia que apareció en el diario “La Vanguardia” el 12 de noviembre de 1912 “sus buenas condiciones y el celo e inteligencia con que desempeñaba las comisiones que le confiaban le habían granjeado el aprecio y confianza de sus jefes, que le consideraban como uno de los mejores funcionarios” (3).

Bomba utilizada en el atentado al Rey Alfonso XIII en la calle Rohan de Paris el día 1 de junio de 1905 (col. del autor)

A finales del mes de junio de 1906, el Inspector de 1ª José Barbará Munté, como ya hemos dicho jefe de la sección especial de la Policía de Barcelona, informa a sus superiores que su unidad había estado desarrollando una investigación tras tener conocimiento, gracias a una confidencia, que coincidiendo con el momento en que se estaba cometiendo el atentado en Madrid contra el Rey Alfonso XIII y su mujer Victoria Eugenia de Battenberg, numerosos grupos de radicales, “anarquistas de esta ciudad, por si solos o de acuerdo con otros elementos exaltados” se reunieron en el centro de Barcelona con la intención de alterar el orden, siendo vistos los más exaltados en la zona del Paralelo en dirección a las Ramblas.

Este grupo de exaltados, a las órdenes de dos figuras muy controvertidas de la Historia de España, Alejandro Lerroux García y José Ferrer y Guardia, que por cierto, se encontraban sentados en mesas próximas, aunque no juntas, en un mismo café situado en la Plaza de Cataluña mientras se celebraba la boda del monarca, estaban a la espera de la recepción de noticias procedentes de Madrid, donde se les informara del resultado del magnicidio cometido contra Alfonso XIII para iniciar un “…movimiento revolucionario en caso de que ese atentado de Madrid hubiera ocasionado la muerte de S.M. el Rey” (4). Por cierto, las autoridades gubernativas de Madrid algo se debían maliciar ya que nada más producirse el atentado cortaron todas las comunicaciones, tanto telegráficas como telefónicas, hasta que no quedó claro el resultado del ataque.

En esa misma confidencia los agentes de Policía, son informados que estos revolucionarios se encontraban armados con escopetas, pistolas y revólveres, todas ellas nuevas, y que al fracasar la revuelta, éstas habían sido empeñadas en varias cajas de préstamos que funcionaban en Barcelona “…como medio de evitar el compromiso de que puedan encontrárselas en su poder” (5).

Al tener conocimiento de estos hechos, se realizaron gestiones por parte del Inspector de 1ª clase Sr. Barbará que, junto al Agente José Martín Madrid, se personan en todas las cajas de préstamos de Barcelona y pueblos limítrofes, exigiendo a sus propietarios los libros registros de las mismas, donde deberían figurar los objetos empeñados, así como el nombre y dirección de los empeñantes.

Sus gestiones se ven coronadas por el éxito y detectan que desde el 31 de mayo habían sido empeñadas un gran número de armas, tanto cortas como largas, en diversos establecimientos y que un buen número de esos empeños habían sido realizados por una mujer que daba los nombres de Carmen Montesinos o Amparo Montesinos, y que facilitaba domicilios variados.

El inspector Barbará, tras comprobar la veracidad de la información que había recibido comunicó “…el gran interés a los dueños de las cajas de préstamos que al presentarse nuevamente la citada mujer dieran inmediato conocimiento” y estableció un discreto servicio de vigilancia en los establecimientos que pronto dio sus frutos.

El día 27 de junio, sobre las 18:00 horas, los Guardias de Seguridad Facundo García y Ricardo Valiño procedieron a la detención de una mujer, que dijo llamarse Amparo Montesinos, cuando abandonaba una caja de préstamos situada en la calle San Román número 2, piso 1º donde había pretendido empeñar un par de botas.

Tras ser trasladada al Gobierno Civil fue interrogada por el inspector José Barbará, así como por otros dos veteranos agentes, que antes habían sido cabos del Cuerpo de Seguridad, José Martín Madrid y Francisco Borsot Donato. Esta mujer resultó ser, tras ser identificada, Amparo Montesinos Climent, natural de Valencia y de 30 años de edad, casada con Francisco Albero Martínez y con domicilio en la calle Poniente número 61 de Barcelona. En el interrogatorio manifestó que efectivamente había empeñado distintos tipos de armas que le habían sido entregadas previamente por un sujeto que había tenido como huésped en su casa, por ser amigo de su marido, y que respondía al nombre de Vicente Peris Ferrer, electricista de profesión, de unos 30 años de edad y que en ese momento vivía en la calle Esmeralda número 20.

En la declaración negó haber usado nombres y domicilios falsos para empeñar las armas, aunque así constaba en los libros registro de las cajas de préstamo, e informó que cuando el citado Peris quería que se realizara un empeño, se presentaba en su casa con las armas y que ella, posteriormente, le hacia entrega de las papeletas que justificaban la pignoración así como del dinero obtenido. Fue preguntada si conocía las ideas políticas del tal Peris y respondió que pertenecía al grupo de los “Republicanos Sorianistas” (6), una escisión del partido republicano valenciano dirigida por Rodrigo Soriano y enfrentada a la otra facción que encabezaba el escritor Vicente Blasco Ibáñez, también conocidos como “Republicanos Blasquistas”.

Tras esta declaración el atestado es remitido al juzgado de instrucción del distrito de Atarazanas, cuyo titular Valentín Díez de la Lastra, vuelve a tomar declaración a Amparo Montesinos que a sus preguntas confiesa que cada vez que ella empeñaba un arma recibía la cantidad de cinco pesetas que usaba para atender las necesidades de su familia. Tras revisar la relación que le entrega la Policía de las armas localizadas en las distintas cajas de préstamos ordena el ingreso en prisión de ésta. También accede a la solicitud del Inspector José Barbará y libra varios mandamientos de entrada y registro en los domicilios de las personas implicadas.

Una vez realizados los registros se interviene en la casa de Vicente Peris, que había huido y ya no se encontraba en la vivienda, varios catálogos de armas pertenecientes a industrias armeras (E. Salvanes Olaizola, Arbea, Domingo Aramberri, Garate Anitua, Gabilondo, Guisasola Eibar), así como útiles de limpieza para las armas.

Mientras la Policía continuaba la investigación, de manera inexplicable, el juez que entendía del caso toma la insólita determinación de poner en libertad a Amparo Montesinos. Unos días después, el mismo Juez cita para ser oído en declaración a Francisco Albero Martínez, marido de Amparo Montesinos, llevándose “la sorpresa” que ambos han desaparecido por lo que se ordena al grupo del Inspector Barbará que se hagan gestiones para su detención y puesta a su disposición. Tras laboriosas gestiones la Autoridad Judicial es informada que el matrimonio, el mismo día de la puesta en libertad de Amparo, tomó un barco con destino a Valencia donde se les perdió la pista, no volviendo a ser localizados. La errónea decisión del juez (¿error de un magistrado incompetente o decisión encaminada a evitar el esclarecimiento de los hechos?) hizo que la investigación de la Policía perdiera el hilo conductor que hubiera llevado a identificar a los autores intelectuales de los delitos cometidos.

El 4 de julio por fin autoriza el juez que sean intervenidas todas las armas empeñadas en las Cajas de Préstamos en que se han detectado irregularidades, tanto en el nombre o domicilio del empeñante. Unos días después, el 9 del mismo mes, el juzgado es informado que hasta ese momento han sido intervenidos 18 revólveres, 4 pistolas tipo Mauser y 4 escopetas. Un día más tarde se intervienen 1 escopeta y 9 revólveres más, alcanzando un total de 36 el número de armas recuperadas. Aparte de éstas, en los días anteriores a que se recibiera la autorización judicial para que se pudieran intervenir las armas, habían sido desempeñadas por desconocidos 7 pistolas que fueron rescatadas de las casas de empeño y que no pudieron ser halladas ya que dar nombres y domicilios falsos, no impedía la operación del rescate de los objetos pignorados, que se devolvían a la simple presentación de la papeleta de empeño (7).