Del boletín "Emblema" de abril, tomamos su editorial.
La miserable actitud del gobierno, con el único objetivo de mantenerse en el poder al precio que sea, incluso el de vender España al independentismo catalán, constituye un agravio para todos los españoles y de manera especial para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil– que, de seguir así las cosas, abandonarán en un plazo breve las provincias catalanas o, a lo sumo, en este territorio quedará una presencia testimonial, cuando no residual.
El primer agravio fue el de conceder, primero, el indulto y, más tarde, la amnistía a individuos convictos y confesos que habían provocado un movimiento sedicioso con el fin de sustraer una parte del territorio nacional a los españoles; aquel movimiento traidor y golpista provocó graves enfrentamientos en los que muchos miembros de las Fuerzas del Orden sufrieron importantes lesiones, algunas de ellas de carácter permanente.
Sin embargo, como aquel gesto de insólita “generosidad”, a cambio de los siete votos de la vergüenza e indignidad, no fue suficiente, más tarde se comenzó a especular con la posible y más que probable reducción de efectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, en las cuatro provincias catalanas, dejando la seguridad pública en manos de los Mozos de Escuadra, algunos de los cuales han venido mostrando sus simpatías por los partidos independentistas.
Posteriormente, vino otro gesto que puso de manifiesto que las cesiones, a cambio de votos, no tienen límite, hasta el punto de trabajarse en la condonación de la deuda que la Generalidad catalana mantiene con el Estado y que, finalmente, pagaremos todos los españoles.
Y ahora, de repente, tras haber jurado y perjurado que semejantes cesiones no podían concederse por vulnerar, una vez más, el texto constitucional, nos vienen con que delegarán en la Generalidad de Cataluña y en su policía autónoma algunas de las competencias en materia de extranjería y fronteras, como ya han hecho, parcialmente, con Puertos y Aeropuertos.
De igual modo, esa Región tendrá capacidad para documentar a los extranjeros, así como para expulsarlos de su territorio, para lo cual se hará imprescindible aumentar los Mozos de Escuadra en unos 6.000 efectivos más, lo que equivale a disponer de algo más de dos Divisiones del Ejército, eso sí, pagados por todos los españoles, y darles libre acceso a los datos que, sobre extranjeros, posee la Policía Nacional, competente en esta materia.
Tampoco se librará del agravio la sede de la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, que se convertirá en una ofensa permanente a la Policía Española, al instalar en ese edificio un centro de esa mal llamada “memoria democrática”, una forma miserable de falsear la historia, aduciendo los supuestos crímenes que se cometieron en este inmueble.
Nos gustaría que estos que tanto presumen de recordar a los muertos, aunque tan solo se acuerden de los de una parte, recordasen a los nueve Inspectores y a los catorce Agentes del Cuerpo de Vigilancia, vilmente asesinados por las hordas marxistas y separatistas catalanas entre 1936 y 1938, ya que también merecen ser recordados, y que en uno de los edificios que hoy ocupa la Generalidad se erija un monumento a los asesinados por Companys y sus secuaces.
Y todo esto, estas cesiones, y las que vendrán, a cambio de esos siete miserables votos que sirven para perpetuarse en la Moncloa, las pacta el gobierno con un delincuente fugado de la justicia que, ni tan siquiera, tuvo el valor y la gallardía de dar la cara cuando se paró, con la aplicación parcial del 151 de la Constitución, aquel proceso sedicioso del que este delincuente fue el principal responsable.
Lo que está sucediendo es gravísimo, toda vez que constituye el primer paso para lograr de facto que Cataluña se convierta en un Estado independiente, controlando las fronteras exteriores de España y determinando quién y bajo qué condiciones puede permanecer en su territorio.
Incluso, en este delirio miserable de la venta de España por parcelas, a cambio de los votos de los que pretenden destruirla, se ha hablado de la posible cesión a Cataluña de la competencia en materia de emisión del DNI, esto es, la gestión de documentar a nacionales.
Realmente, aunque aquí parece que se está a otra cosa, la situación que atraviesa España es gravísima hasta el punto de correr el riesgo de que desaparezca, sin que nadie, incluso los que han jurado defenderla y mantener el orden constitucional, muevan un solo dedo en su defensa por miedo a perder el puesto.
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