Del boletín "Emblema" de febrero, tomamos este artículo de nuestro buen amigo y colaborador Carlos Fernández Barallobre.
Pocos minutos después de las 6:00 horas del día 11 de diciembre de 1987, ETA hacía estallar un coche-bomba en las proximidades de la puerta principal de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. De resultas de aquel brutal, indiscriminado y criminal atentado fallecieron el sargento de la Guardia Civil JOSÉ JULIÁN PINO ARRIERO, su esposa MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MUÑOZ, y la hija de ambos SILVIA PINO FERNÁNDEZ: el cabo primero de la Guardia Civil JOSÉ IGNACIO BALLARÍN CAZAÑA y su hija SILVIA BALLARÍN GAY; el Guardia Civil EMILIO CAPILLA TOCADO, su esposa MARÍA DOLORES FRANCO MUÑOZ, y la hija de ambos, ROCÍO CAPILLA FRANCO; el joven PEDRO ÁNGEL ALCARAZ MARTOS y sus sobrinas ESTHER BARRERA ALCARAZ y MIRIAM BARRERA ALCARAZ.
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| 1987. Atentado brutal de ETA contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza |
La terrible explosión que destruyó la casa-cuartel, afectó de forma muy considerable a las plantas inferiores del edificio, que quedaron reducidas a escombros. En la casa vivían 40 familias de Guardias civiles. Las labores de desescombro y búsqueda de supervivientes fueron muy dificultosas, debido a la enorme montaña de escombros, vigas retorcidas, polvo, en que quedó convertido el cuartel. Eso unido a falta de luz, hizo muy lentas y penosas las labores de Bomberos, Guardias Civiles, Policías Nacionales, miembros de la Cruz Roja y vecinos de Zaragoza, que se unieron de forma casi inmediata a la expulsión en las labores de auxilio.
Los asesinos etarras esperaron el instante en que en el cuartel, situado en el popular barrio del Arrabal, se producía el cambio de guardia. Los terroristas aparcaron entonces, un coche, concretamente un Renault 18, cargado con 250 kilos de amonal, un Renault 18 robado, días atrás, en el pueblo guipuzcoano de Tolosa, en un lateral de la casa cuartel, junto a las viviendas.
El sargento José Julián Pino y el Guardia Civil Pascual Grasa, que se encontraban en la puerta de la Casa cuartel en labores de vigilancia, advirtieron la presencia del vehículo, De seguido el sargento se encaminó hacia el vehículo con la intención de indicarle que no podía estacionarlo en ese lugar. Cuando se estab acercado al sospechoso Renault, el conductor de este lo puso en marcha, en dirección al fondo de la calle, donde le estaban esperando otros terroristas a bordo de un segundo coche, un Peugeot 205 blanco. El conductor del Renault 18 abandonó el mismo y subió al otro vehículo, que se alejó a gran velocidad. Por su parte el Guardia Grasa se adentró en la Casa-cuartel para alertar a sus compañeros de que aquello podía tratarse de un intento de atentado. No tuvieron tiempo material. De repente una enorme explosión tuvo lugar, derribando con su onda expansiva los muros laterales del cuartel, haciendo un enorme agujero de más de diez metros de largo, lo que provocó el derrumbamiento de las cuatro plantas del edificio. El sargento Pino murió en el acto con su cuerpo destrozado. La zona quedó reducida a “zona de guerra” con muchos edificios cercanos al cuartel muy dañado, muchos de los cuales tuvieron que ser demolidos debido a los daños estructurales causados por la explosión.
Las escenas fueron dantescas, de terror, desesperación, llantos y búsqueda incesante de las posibles víctimas. Once en total se encontrarían, siete de ellas personas de edades comprendidas entre los 17 y los 3 años. Los heridos, que ascendieron a ochenta y ocho, presentaban lesiones de diversa consideración, y un gran número de ellos no logró recuperarse hasta varios meses después. Dos mujeres, embarazadas en el momento del atentado, perdieron a sus hijos a consecuencia de la explosión.
La capilla ardiente de las once victimas quedaría instalada en el Gobierno Civil. Allí, en la tarde del atentado, los ministros del Interior y de Defensa, José Barrionuevo y Narcís Serra, fueron objeto de fuertes abucheos por parte de las personas que se habían congregado en los alrededores de la delegación del Gobierno en Zaragoza. Ambos componentes del Gobierno, tras visitar los heridos en varios centros hospitalarios, acudieron a la capilla ardiente acompañados por el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Los dos ministros del Gobierno tuvieron que ser protegidos por fuerzas de la Policía y de la Guardia Civil de los intentos de agresión de varias personas, que corearon gritos de “fuera, fuera”. Desde las cuatro y media de la tarde, varios centenares de personas se mantuvieron bajo un fuerte frío, a la espera de la llegada de los féretros de las once personas muertas en el atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil. Los ataúdes fueron recibidos con grandes aplausos por los vecinos, quienes profirieron gritos tales como “contra ETA, metralletas”, “pena de muerte”, “Eta al paredón” a la vez que dieron vítores a España, a la Guardia Civil y al Ejército.
Al día siguiente del terrorífico y espantoso atentado, la ciudad de Zaragoza expresaba su solidaridad con los familiares de las once víctimas, congregándose masivamente en la plaza y en el interior y en las afueras de la basílica del Pilar, en donde se celebraron las honras fúnebres por los once asesinados. Desde primeras horas de la mañana, en un día lluvioso y frío, miles de personas se acercaron a la plaza del Pilar, en donde estaba ubicado el Gobierno Civil de Zaragoza, lugar, en el que, como sea referido, estuvo instalada la capilla ardiente.
Desde el gobierno civil hasta la entrada sur del templo se formó una comitiva encabezada por los once féretros, cubiertos todos ellos con banderas nacionales, que, transportados a hombros de compañeros de la Guardia Civil y Policías Nacionales uniformados, y familiares de los fallecidos, hicieron su entrada entre los vítores, vivas a España, a la Guardia Civil y prolongados aplausos del público, que llenaba las aceras circundantes. Los correspondientes a las hermanas gemelas Esther y Míriam Barrera Alcaraz, de tan sólo tres años, eran de color blanco.
En el atrio del altar mayor se encontraban los ministros de Interior y de Defensa, José Barrionuevo y Narcís Serra, y el director General de la Guardia mCivil, Luis Roldán, acompañados del presidente del Gobierno aragonés, Hipólito Gómez de las Roces, del delegado del Gobierno en Aragón, Ángel. Luis Serrano, y del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, así como las primeras autoridades zaragozanas, civiles y militares. También asistieron el presidente y el secretario general de AP, Antonio Hernández Mancha y Arturo García Tizón, respectivamente.
Ya en el templo, varios de los familiares de las víctimas se revolvieron de forma resuelta y airada contra fotógrafos y cámaras de televisión que intentaron tomar imágenes del interior de la basílica, amenazando en voz alta con levantarse y marcharse si aparecía algún periodista.
La ceremonia fúnebre fue oficiada por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Elías Yanes, quien calificó el atentado de “execrable acto que conmueve las conciencias de los hombres de bien”. Al término de su alocución, el arzobispo leyó un telegrama recibido de parte de monseñor Casaroli desde el Vaticano, en el que expresaba el dolor y la consternación que el atentado terrorista había producido en el papa Juan Pablo II.
Cuando, tras la conclusión del funeral, la comitiva inicio sus salida por la puerta del templo, los miles de personas congregadas en la gran plaza del Pilar, prorrumpieron en aplausos y vítores. Tras entonarse el Himno de la Guardia Civil en un ambiente de gran emotividad y crispación, los cadáveres de los once fallecidos fueron trasladados de inmediato a sus localidades de origen, en las provincias de Zaragoza, Toledo, Córdoba y Jaén.
Un numeroso grupo de personas realizó imprecaciones e insultos contra los dos ministros del gobierno y otras autoridades, tales como “buitres” “traidores” “cobardes” "sólo venís a los funerales" o "vosotros sois los asesinos", “Eta al paredón” “Pena de muerte ya”. Incluso algunos de ellos intentaron agredir a los ministros.
El padre de las gemelas fallecidas intentó acercarse a los titulares de Defensa e Interior, dando muestras de gran agitación, pero pudo ser sujetado por algunos de sus compañeros de la Guardia Civil.
El domingo 13 de diciembre, dos días después de la masacre, doscientas mil personas salieron a las calles de Zaragoza, en un día frío y lluvioso, para condenar el atentado y mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y con la Guardia Civil, bajo el lema "Zaragoza, por la paz y contra el terrorismo".
Aquella brutal acción de la banda asesina, marxista y antiespañola, conmovió a la sociedad. El rey Juan Carlos se desplazó hasta Zaragoza el día el atentado, para interesarse por los heridos y afectados. Autoridades civiles, militares de la Nación y la región quedaron impresionados por la barbarie terrorista, señalando a ETA como una banda monstruosa y despiadada de asesinos.
El entonces secretario general del PSE-PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea fue posiblemente el más duro en sus críticas contra la banda criminal, manifestando, tras conocer el atentado, que "los etarras y los que les apoyan son igual de salvajes y de asesinos. No puede haber amnistía, perdón ni indulto alguno para los autores o promotores de delitos de sangre como el de la casa cuartel de Zaragoza”.
Con el culo al aire, y no mejor dicho, quedó la cúpula seráfica de la Iglesia vasca, tras hacer pública una pastoral, que coincidió con el terrible atentado, donde apoyaban las reivindicaciones de los asesinos etarras, sus acusaciones a la Policia Nacional y la Guardia Civil, sus críticas a las políticas de extradición que empezaba a llevar Francia contra los miembros de la banda allí radicados, sus propuestas de solución a través de las negociaciones, equiparando sin ningún tipo de rubor y caridad cristiana a la banda asesina con el Estado español, es decir a asesinos con víctimas.
En 1994 la Audiencia Nacional condenaba al sanguinario etarra Henri Parot, alias Unai, que había sido detenido en Sevilla en 1990, a una pena de 1.802 años de prisión por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, tras encontrarle culpable de la autoría del mismo, pues fue quien estacionó el coche-bomba. Los otros miembros de ETA que participaron en la acción fueron condenados a cadena perpetua en 1997 por un tribunal de París. Se trataba del hermano de Henri, Jean Parot, así como de Jacques Esnal (quien accionó el mecanismo iniciador de la explosión) y Frédéric Haramboure.
Francisco Múgica Garmendia, alias “Pakito” ordenó y diseñó el atentado haciendo el mismo el croquis del lugar. Por su parte, José María Arregi Erostarbe, alias Fiti y Fitipaldi, fue el encargado de confeccionar la bomba.
Esos dos asesinos etarras fueron detenidos junto con José Luis Álvarez Santacristina, alias Txelis, en la famosa operación de Bidart (Francia) 1992, llevada a cabo por la Policía española y la francesa.
Múgica Garmendia y Arregi Erostarbe fueron juzgados en 1993 por el Tribunal Correccional de París por los delitos cometidos en suelo francés y condenados a cumplir diez años de prisión. Tras cumplir condena, fueron extraditados a España para ser juzgados por la justicia española. Ambos miembros de ETA fueron condenados en 2003 por la Audiencia Nacional a penas de más de dos mil trecientos años de reclusión por haber ordenado al llamado "Comando Francés" cometer el atentado contra la casa cuartel en Zaragoza, habiéndoles facilitado toda la información y el material necesarios para cometer la terrible y execrable acción.
Lamentablemente el 11 de diciembre de 2020 Francisco Múgica Garmendia, alias 'Pakito', salía en libertad de la cárcel aragonesa de Zuera después de que la Audiencia Nacional aceptara su recurso con la liquidación de su condena y adelantara su puesta en libertad en unos meses, tras cumplir 28 años en prisión. Su excarcelación coincidió con el 33 aniversario del atentado de la casa cuartel de Zaragoza del que fue acusado y en el que murieron once personas, entre ellas cinco niñas.
El 5 de diciembre de 2023, la Audiencia Nacional revocaba la excarcelación que el Gobierno vasco del PNV había otorgado al histórico etarra José María Arregui Erostarbe, alias Fitipaldi. Es un sanguinario terrorista condenado por múltiples asesinatos y casi un centenar de heridos, lleva preso desde 1992 y el Ejecutivo autonómico le concedió un tercer grado por razones “humanitarias y dignidad personal” al cumplir 77 años de edad. El juez acordó que continúe entre rejas tras un escrito en el que Fitipaldi no quiso pedir perdón a sus víctimas directas ni colaborar para esclarecer atentados pendientes. Seguirá, por tanto, en segundo grado penitenciario hasta el 28 de julio de 2025,
Otro de los máximos dirigentes de la banda etarra en aquellos momentos era José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias “Josu Ternera”, que en 2002 huyó de la justicia.
Urruticoechwea fue detenido por las fuerzas de seguridad francesa en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, luego de permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero al salir de prisión de La Santé fue retenido por las autoridades francesas, al ser requerido por la Audiencia Nacional de España por varias causas. Actualmente, permanece en libertad con medidas cautelares.
En mayo de 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó la fecha de los días 9, 10 y 11 de enero de 2024 par efectuara el juicio al exjefe de ETA José Antonio Urruticoechea, alias “Josu Ternera”, por su presunta participación en el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, tras desestimar la excepción de cosa juzgada que alegaba por haber sido condenado en Francia por delitos que él veía equivalentes.
Años después de la matanza, el terrorista francés Henri Parot diría acerca de la bomba utilizada en Zaragoza que "para montar la carga utilizamos tres botellas de acero del tipo de las usadas para nitrógeno, que estaban seccionadas [...] La orientación de los tubos con la boca abierta hacia el objetivo junto con el cordón detonante y los reforzadores en sus bases provocó que la explosión fuera dirigida como si se tratara de auténticos cañones."
El sargento del Benemérito cuerpo, José Julián Pino Arriero tenía 39 años. Llevaba diez años destinado en Zaragoza y tenía ya solicitado su traslado a Madrid. Estaba casado con María del Carmen Fernández Muñoz y junto a ella era padre de tres niños: Silvia, de 7 años; Víctor, de 11 y José María, de 13 años de edad.
María del Carmen Fernández Muñoz, ama de casa de 38 años y natural de Talavera de la Reina (Toledo), estaba casada con José Julián Pino y era madre de Silvia, Víctor y José María Pino Fernández. Tanto ella como su hija y esposo fallecieron en el atentado, por lo que sus dos hijos, Víctor y José María, fueron a vivir con su abuela. Los dos muchachos, al perder a toda su familia crecieron en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, convirtiéndose también en miembros del Instituto Armado.
Silvia Pino Fernández, hija de José Julián Pino Arriero y María del Carmen Fernández Muñoz, tenía sólo 7 años cuando fue asesinada. Silvia había nacido y se había criado en Zaragoza junto con sus padres y hermanos.
José Ignacio Ballarín Cazaña, cabo primero de la Guardia Civil, tenía treinta y un años. Era natural de Zaragoza, adonde había llegado destinado hacia dos meses. Estaba casado con Teresa Esther Gay Escribano, con la que tenía una hija, Silvia Ballarín Gay de seis años de edad. Teresa Esther Gay tardó varios meses en recuperarse de sus lesiones físicas. José Ignacio y su hija fueron cristianamente enterrados en el cementerio de Pinseque (Zaragoza), de donde era natural Teresa Gay.
El Guardia Civil Emilio Capilla Tocado, tenía 39 años y era natural de Valsequillo (Córdoba) Estaba destinado en el aeropuerto de Zaragoza. Casado con María Dolores Franco Muñoz, tenían dos hijos: Rocío de 14 años, que murió en el atentado y Emilio José de nueve años, el único miembro de la familia que logró sobrevivir, sufriendo graves lesiones. La esposa del Guardia Civil Emilio Capilla, María Dolores Franco Muñoz tenía 36 años en el momento que la banda terrorista ETA la asesinó a ella, junto a su hija Rocío y a su marido Emilio. María Dolores había nacido en Sevilla y era ama de casa.
Pedro Ángel Alcaraz Martos, natural de Torredonjimeno (Jaén), tenía 17 años cuando fue asesinado. Pedro Ángel vivía en la casa cuartel junto con su hermana Rosa María y el esposo de ésta, el Guardia Civil Juan José Barrera Anguita, así como con las dos hijas del matrimonio, las gemelas Esther y Miriam. La explosión de la casa cuartel destrozó la familia por completo. Pedro Ángel y sus dos sobrinas, de tres años de edad, fallecieron en el atentado. Todos ellos fueron cristianamente enterrados en Torredonjimeno (Jaén).
Los padres de las gemelas, Rosa María y Juan José Guardia Civil destinado en el equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil en Zaragoza, resultaron heridos de gravedad.
Francisco José Alcaraz Martos, hermano de Pedro Ángel y de Rosa María, tío de Miriam y Esther, fue presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) durante cuatro años, entre 2004 y 2008. Francisco José Alcaraz, se opuso de forma decidida al proceso de negociación con ETA, convirtiéndose en uno de los máximos defensores de la justicia en favor y recuerdo de las víctimas, de su memoria y de su dignidad,
El 7 de febrero de 2019, sería elegido senador del partido Vox, tras los resultados de las elecciones en Andalucía. Diputado por Vox en el Congreso por Jaén en noviembre de 2019, resultando de nuevo elegido en las elecciones de julio de 2023. Es también presidente de la plataforma Voces contra el Terrorismo, de la que fue fundador
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió a todos de ellos la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Emilio José Capilla Franco, tras haber perdido a toda su familia y de arrastrar desde entonces una minusvalía del 50%, Emilio José no fue reconocido como víctima ni en la primera sentencia ni tampoco en la de 2003, algo que se subsanaría con posterioridad.
Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió al sargento José Julián Pino Arriero, al cabo primero José Ignacio Ballarín Cazaña y al Guardia Civil Emilio Capilla Tocado, el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Carlos Fernández Barallobre.
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