Del boletín "Emblema" de febrero, tomamos este artículo de nuestro buen amigo y compañero el Inspector Jefe Eloy Ramos Martínez.
Ocurrió en 1975. En este año, a nivel internacional destacó el juicio contra la banda terrorista Baader Meinhof, cuyos componentes fueron condenados y tuvieron un fin, curioso por demás: se suicidaron en la cárcel de máxima seguridad germana. No quiero pensar lo que se habría dicho si eso llega a ocurrir en España.
En nuestro país tuvimos un año perverso: además del terrorismo, padecimos la enfermedad final del Jefe del Estado y la Marcha Verde que protagonizó Marruecos en el entonces Sahara español, y sufragó Estados Unidos, que, arteramente, se alineo con el monarca alauita (los fosfatos importaban mucho y allí estaban los de Fos – Bucraa). Un día antes del fallecimiento de Franco, el entonces Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, firmó la Ley 40/1975 de descolonización del Sahara. Fue un abandono en toda regla. Fin de los restos de nuestro imperio.
Los fusilamientos de septiembre de 1975.
En el verano la Policía asestó grandes golpes a ETA y al FRAP que habían incrementado sus acciones terroristas. La primera sufrió el mayor descalabro de su historia hasta entonces y el FRAP perdió todos sus comandos armados. Como para contrarrestar la brillante actuación policial surgió el GRAPO, que aunque había atentado contra uno de los suyos, dejándolo cojo, Marcial Fournier Vázquez de Castro, por considerarlo confidente de la Policía, y asesinado al guardia civil Casimiro Sánchez García en el hipódromo madrileño y al policía armada Diego del Río Martín en un atraco a la Residencia Sanitaria Valle d’Hebrón en Barcelona, no reivindicaban tales hechos porque no tenían todavía infraestructura suficiente para protegerlos de la acción policial.
Antonio Fernández Ferreiro, la víctima |
La Justicia condenó a la pena capital a once asesinos. Ello desencadenó otra oleada de protestas en Europa Occidental, muy superior a las de 1970 con ocasión del Proceso de Burgos, con olvido absoluto de las víctimas.
Efectivamente, el 19 de septiembre el Consejo de Guerra condenó a Juan Paredes Manotas "Txiki" (llamado así por su corta estatura-1,5 metros-) a la pena de muerte como autor directo del asesinato del policía Ovidio Díaz López en Barcelona. Sería fusilado el 27 del mismo mes con otros cuatro terroristas de ETA y FRAP. Fueron las últimas ejecuciones en España.
Quiero recalcar que el segundo apellido del terrorista Juan Paredes era Manotas y no Manot como se ha escrito muchas veces, quizá para darle un cierto aspecto catalán al extremeño. En la sentencia se cita repetidamente como Manotas, según se recoge en el libro Terrorismo y Justicia en España, del Centro Español de Documentación, editado en 1975. También Alejandro Muñoz Alonso lo denomina así en su obra "Terrorismo en España" (1982)
Llamó la atención quienes fueron los que más protestaron: Altos organismos de la CEE, el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, la Internacional Socialista, el nuncio papal Dadaglio etc. Entre otros, presionaron al Gobierno español contra posibles penas capitales.
Un indulto general hubiese sido tomado por debilidad, sobre todo teniendo en cuenta que los anteriores no solo no habían redundado en disminuir los asesinatos, sino todo lo contrario. El Jefe del Estado, oído el Consejo de Ministros conmutó seis penas de muerte y mantuvo cinco. Las ejecuciones efectuadas el 27 de septiembre fueron contestadas con ataques a nuestras embajadas en Portugal -quemada-, Viena, Bruselas, Londres, París, etc. El primer ministro sueco Olof Palme salió a la calle con una hucha pidiendo dinero para usarlo contra Franco. Sería asesinado por un terrorista más adelante.
Juan Carlos Delgado de Códex, jefe del grupo asesino |
Europa Occidental y El Vaticano, nunca se habían indignado, ni por asomo, con las ejecuciones de terroristas o simples disidentes en otros países, siendo así que el terrorismo estaba ya convertido en una epidemia en el continente con secuestros de aviones y personas, asesinatos, etc. en Alemania, Francia, Reino Unido o Italia. Recordemos la matanza de israelíes en Munich en 1972, a título de ejemplo. De las víctimas, ni una palabra.
Y el 1º de octubre, los GRAPO asesinan en Madrid al policía Antonio Fernández, en un múltiple crimen.
Fue, sin duda, una fecha aciaga para la Policía española y para el país en general, ese jueves 1 de octubre de 1975. Fueron asesinados simultáneamente en Madrid cuatro miembros de la extinta Policía Armada, por la nueva banda terrorista GRAPO. Parece que la fecha no fue buscada de propósito por los asesinos, aunque luego la tomaran para su autodenominación, pero la trascendencia de los crímenes fue aún mayor por coincidir con la que sería la última aparición pública de Franco en el balcón del Palacio de Oriente ante miles de personas que se encontraban concentradas en la Plaza en desagravio por la actitud ya narrada de ciertos países europeos que condenaban los fusilamientos citados.
Por aquel entonces la Policía Armada prestaba servicio de vigilancia en entidades bancarias, circunstancia conocida por la banda, que eligió a los policías que se hallaban en bancos sitos en la Avenida del Mediterráneo y en las calles Marqués de Corbera, Agustín Foxá y Valmojado, en el barrio madrileño de Aluche.
Agustín Ginés Navarro prestaba servicio en el banco de la Avenida del Mediterráneo. Fue asesinado por un grupo mandado por Enrique Cerdán Calixto "Costa" e integrado por Pío Moa Rodríguez "Verdú" y un estudiante de la ODEA (Organización de Estudiantes Antifascistas), una pantalla del PCE (r), quien conducía el coche utilizado en el crimen. Cerdán hizo los disparos
Agustín Ginés era natural de Viso del Marqués (Ciudad Real), contaba cuarenta y cinco años, llevaba quince de servicio en la Policía Armada y dejó viuda y dos hijos.
Los asesinos Abelardo Collazo Araújo y José Ballmón Castells, ayudados por un tercero que se quedó en el coche, fueron los que mataron al policía Miguel Castilla Martín que se hallaba custodiando la entidad bancaria de la calle Agustín de Foxá, próxima a la Plaza de Castilla. Miguel no murió instantáneamente, entró en estado de coma y fallecería el 8 de octubre. Natural de Morcejón (Toledo), contaba treinta y un años, estaba casado y era padre de una hija de tres años. Llevaba nueve en la Policía Armada.
En la oficina bancaria de la calle Valmojado se hallaba de servicio Joaquín Alonso Bajo. Fue asesinado por disparos hechos con una escopeta de cañones recortados, es decir como actúan los atracadores, con la temible lupara siciliana, usada para cazar lobos. Los autores del crimen fueron Manuel Gil Araújo y Fernando Hierro Chomón, autor material de los disparos.
Joaquín tenía treinta y tres años. Natural de la salmantina Vitigudino, llevaba nueve en la Policía Armada. Dejó viuda y una hija de tan solo dos años de edad.
Antonio Fernández Ferreiro estaba de servicio en la entidad del desaparecido Banesto en la calle Marqués de Corbera. Otro grupo de la banda lo asesinó en el interior del establecimiento. Eran Juan Carlos Delgado de Códex, jefe del grupo de criminales, Eugenio Jesús Bueno de Pablos y José María Sánchez Casas. El autor material de los primeros disparos fue Bueno de Pablos.
Fernández Ferreiro estaba apoyado en un mostrador de la oficina, leyendo el periódico y así le sorprendió su asesino. Fue trasladado a la Residencia Sanitaria Francisco Franco pero ingresó ya cadáver.
Antonio contaba tan sólo veintitrés años, era natural de Cubilledo - Baleira (Lugo), llevaba meses prestando servicio en el Cuerpo, pues pertenecía a la promoción del mes de abril último. Era la primera vez que prestaba servicio de seguridad en aquel banco.
Los periódicos de la época atribuyeron en principio el cuádruple asesinato al FRAP, y hasta que fueron detenidos los verdaderos autores en la desarticulación de los GRAPO en 1977, no se sabría la verdad. Los datos de estos asesinatos fueron facilitados en su día por el Director General de Seguridad en rueda de prensa. Pocos meses después se produciría el primer indulto.
Los féretros de los tres policías asesinados (Miguel Castilla moriría el 8) fueron trasladados a la Academia Especial de la Policía Armada, donde se instaló la capilla ardiente. Fueron portados a hombros por el teniente general, capitán general de Madrid, Ángel Campano López; general inspector de la Policía Armada, José Tomé Marín; director general de la Guardia Civil, general José Vega Rodríguez; gobernador civil de Madrid, Jesús López Cancio y jefe superior de Policía de Madrid, Federico Quintero Llorente.
Al día siguiente se celebró el funeral en la Academia con asistencia del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, el de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, ministros del Gobierno y de unas cinco mil personas, oficiando el vicario general castrense fray José López Ortíz. El presidente del Gobierno, impuso a los féretros la Medalla de Oro al Mérito Policial.
La Policía Armada, finalmente, junto con la Guardia Civil tuvieron que establecer un cordón de seguridad para que el público, soliviantado, no llegase hasta el Gobierno allí presente.
Seguidamente el cadáver de Fernández Ferreiro fue trasladado a Coruña, donde se celebró una misa de corpore insepulto en el cuartel de la Policía Armada en la avenida del general Sanjurjo, presidida por el general Franco González- Llanos, capitán general accidental de Galicia, y con la presencia de las autoridades civiles y militares de la región, en la que el oficiante puso de relieve la actitud de la madre del policía asesinado Concepción Ferreiro, "Que había perdonado a su asesino pero pedía a Dios que acabase esa locura".
Finalizada la misa, se formó la comitiva fúnebre hasta la cercana Plaza de María Pita donde delante del Ayuntamiento se celebró un homenaje al fallecido y a la Policía Armada, con asistencia de miles de personas. Tras rezar un responso, el ataúd fue cargado a hombros por el alcalde de La Coruña, Jaime Hervada Fernández-España y los concejales. Así, turnándose compañeros del fallecido, miembros del Cuerpo General de Policía, Guardia Civil, Policía Municipal, de las Fuerzas Armadas, etc. llegaron al cementerio de San Amaro, donde recibieron cristiana sepultura.
Los padres de Antonio, José Fernández Fernández de 61 años y Concepción Ferreiro González, de 58 tenían otros cuatro hijos y residían en La Coruña. El padre se desplazó a Madrid a recoger el cadáver de Antonio.
En el camposanto, la hermana del fallecido, Elvira, se echó llorando sobre el féretro y cada uno de los familiares depositó el último beso sobre el ataúd.
Fernández Ferreiro fue la víctima número 28 del terrorismo ese año. Hay que decir que fue rematado en el suelo. Presentaba cinco impactos de bala y cuando llegó a la Residencia Francisco Franco era ya cadáver.
Eloy Ramos Martínez.
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