Extraña forma de apoyar al absolutismo

Nuestro buen amigo, compañero, historiador e investigador de la raíces históricas de nuestra Policía, Martín Turrado Vidal, nos remite este interesante trabajo que abunda más en el origen de nuestra Institución.

Introducción

Hay muchos casos como éste en la Administración Pública española, especialmente en los comienzos de esta andadura del régimen liberal. Los partidos tardaron en entender, de hecho no lo hicieron hasta que por una ley de 1917 se puso término a las cesantías, garantizando a los funcionarios la continuidad en sus puestos de trabajo. En la policía este sistema terminó antes, porque le puso fin la ley de 27 de febrero de 1908. Lo que primó hasta esos años fue lo que los norteamericanos han llamado “spoils system”. La Enciclopedia Británica lo define así: “spoils system, también llamado sistema de padrinaje, práctica según la cual el partido político que gana unas elecciones recompensa a sus trabajadores en la campaña y a otros que le apoyan activamente mediante la ocupación de puestos en el gobierno y con otros favores. El “spoils system” conlleva actividad política por los empleados públicos en apoyo a su partido y la remoción de los empleados de su oficio en el caso de que su partido pierda las elecciones” (1). El sistema utilizado de ocupar todos los puestos de la Administración Pública llevaba implícito en sí mismo la cesantía cuando el partido político perdía las elecciones.

Los costumbristas hablan frecuentemente de otro término: la empleomanía. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua como “Afán de obtener un empleo público”. Ese afán llevaba a muchos a tratar de ocupar ese empleo por medios poco lícitos, difamando al que lo ocupaba sin ningún tipo de rubor. Todo esto se debe tener en cuenta para leer lo que sigue.

La acusación de haber pertenecido a la policía

Esta acusación contra algunos fue un motivo recurrente para desacreditarlos y de que perdieran sus empleos en la función pública. Tanto fue así que otro comisario escribió a otro periódico quejándose por ello. En el caso de Blas Molina se fundaba en que había sido comisario de policía en Valencia en 1824. El por qué se vio obligado a publicar en un periódico una justificación de su conducta, lo deja muy claro al comienzo de ella: “En el año próximo pasado de 1837 hubo quien, pretendiendo contraer un mérito, y, sin reparar en ejercer el vil oficio de delator, se dirigió al Ministerio de Hacienda, acusándome de haber servido el destino de comisario de policía en la ciudad de Valencia; y sin embargo de que me conciencia me tranquilizaba, y tenía sobradas armas para combatir a mi enemigo, quise que la defensa fuese pública, y, para conseguirlo de una manera singular, hice insertar en periódico titulado TURIA, que salía a luz en aquella ciudad el artículo siguiente”.

La acusación, pues, tenía una finalidad muy clara: que echaran de su destino en el Ministerio de Hacienda a Blas Molina por el simple delito de haber prestado servicio en la policía de Valencia desde 1824 a 1827, cuando se dejó muy reducida de efectivos como consecuencia de la Guerra de los Agraviados. Era motivo más que suficiente para conseguir ese efecto. Esta acusación asunto no quedó zanjada a pesar de la publicación de este comunicado. Volvió a ponerse en marcha en 1840, en que de nuevo Blas Molina tuvo que volverlo a publicar, esta vez en un periódico de Madrid. No se sabe si fue el mismo acusador quien resucitó esta cuestión o fue otro (ú otros) quien lo hizo. El resultado podía haber sido mismo: la cesantía en su puesto como funcionario público en el Ministerio de Hacienda.

Una regla general

Lo sucedido a este hombre, fue la regla, no, una excepción. Fueron muchos más los que tuvieron que sufrir esta misma situación. De esta persecución indiscriminada y persistente se queja también otro comisario en un “Comunicado” que publicó La Revista Española, el 7 de enero de 1835. Sus palabras resultaron proféticas pues todavía se pueden aplicar a algunos historiadores actuales, cambiando un par de palabras:

“Mucho tiempo hace que en algunos periódicos de esta corte se insertan artículos atacando el establecimiento de policía y ofendiendo a sus empleados sin ninguna distinción ni respeto; pero, en “El Observador” del 3 del corriente número 172, es en donde se vierte más el veneno de la calumnia y se respira mayores insultos. Nada hay más fácil que llenar columnas de papel con frases pomposas y palabras escogidas para excitar por de pronto la indignación de los lectores; pero, escribir para no convencer, escribir para quedar enredado en los lazos de mil contradicciones y despropósitos, es no tener amor propio y desconocer el freno de la opinión”.

Los ataques de “El Observador” iban muy lejos, pero, a veces fallaba la lógica en ellos. Primaba por encima de todo la campaña para conseguir que la policía fuera suprimida. En este punto la lógica solamente era una minucia. Lo importante era conseguir un objetivo. Por eso se lanza contra ella la acusación de que únicamente se dedicaba al descubrimiento de supuestas conspiraciones. Se hacía atacando a sus componentes y acusándoles de azuzarlas, cuando no, de dirigirlas:

“¿Con qué razón se les insulta y pretende desconceptuarlas? ¿Qué significan esas palabras que si ganaran el pan más honrosamente no habría quizás tantas conspiraciones, los ánimos estarían más tranquilos y la seguridad personal más respetada? Pues que ¿son acaso turbulentos los comisarios y empleados de policía que aplacan las discusiones y alborotos? ¿Promueven conspiraciones los que las descubren y persiguen a sus autores? ¿O tal vez ocultan por el negro delito del soborno las tramas revolucionarias cuando tienen dado muchas pruebas claras de su integridad y pureza? Díganlo las causas de Estefani, Jara, Soto, Pavón y otras ciento: respondan la incesante actividad y celo con que estos funcionarios acudían con la espada desnuda a castigar los gritos subversivos que se oían frecuentemente por Madrid en el invierno anterior”.

La respuesta a estas acusaciones de instigar las conspiraciones se pueden encontrar en otro periódico, “La Postdata”, que en una fecha un poco posterior a estos acontecimientos decía lo siguiente: “¿Dónde está la tiranía en este proceder público y solemne? ¿Dónde están los cadalsos y las persecuciones sangrientas? ¡Delaciones! Pues qué ¿hacen falta por ventura? ¿No son suficientes noticias las que publica el mismo Eco del Comercio todos los días, para que el gobierno y sus agentes sepan que se conspira? No, no hacen falta delaciones, ni se haría caso de ellas, si alguno se atreviera a dirigirlas. Las delaciones son vuestros artículos, vuestra correspondencia, en cuyos documentos irrecusables no pasa día sin que digáis que habéis de hundir al gobierno, y no pasa día sin que excitéis a la rebelión y a los tumultos. ¿Qué otra cosa podría decir un delator que lo que vosotros mismo publicáis, insensatos?” (2)

Lo sensato según el mismo Comisario publicado en un periódico de Madrid hubiera sido mejorar la situación de los policías, corregir los fallos que se hubieran encontrado en su regulación. La depuración debería hacerse según la conducta que hubiera observado cada individuo, nunca de forma colectiva. Por eso continuaba diciendo:

“En todos los ramos suele haber ciertos abusos y empleados que no cumplen sus obligaciones, al que falte a ellas castíguesele como merezca. Si la policía está mal reglamentada no por eso se debe condenar la institución y mucho menos culpar a sus individuos. El gobierno que debe conocer bien si es o no necesaria sabrá darle forma análoga a las circunstancias. Pero lo que no debe omitirse es la concordancia del artículo cuando dice que la autoridad de la policía es desconocida en nuestras leyes, y luego no se detiene en afirmar que en España la hubo muy buena. Confiesa la utilidad de una policía bien montada y quiere que no se le paguen sus sueldos a los empleados, pues que sería más conveniente que se aplicasen a nuestra armada como verdadera conservadora de la seguridad pública. ¿No sería cosa digna de verse navegar una escuadra por el golfo de Guadarrama a perseguir a la gavilla de Pablo Santos, o contener la explosión de alguna trama en la capital del reino?”

Reconocimiento de los hechos

Esta acusación era un asunto muy grave por las consecuencias que podía acarrear, si alguien la tomaba al pie de la letra y actuaba contra el acusado de haber cometido tan gravísima falta.

El comisario Blas Molina, lejos de esconderse o de negar los hechos o de alegar cosas extrañas, no tiene ningún reparo en reconocerlos. Demuestra con su testimonio que muchas de las acusaciones lanzadas entonces y ahora contra la Policía de 1824 sencillamente eran una leyenda urbana que estaba muy lejos de la realidad. Uno de esas era la de que la policía había sido un sostén del absolutismo de Fernando VII, porque se dedicó a perseguir liberales, lo cual la convirtió en una policía política. A la luz de los hechos que narra, vividos por él, está claro muy claro que no fue así, desmintiendo de plano esta afirmación. No solamente él lo afirmó con toda claridad. Se puede contrastar en los papeles conservados de los gastos de policía secreta. Por lo cual su veracidad está demostrada por otros documentos, que merecen todo crédito.

Uno de ellos es el “Comunicado” del citado anónimo comisario publicado en La Revista Española (3). Este comisario no ejerció en Valencia como Blas Molina, sino en Madrid, por lo cual es más sorprendente que coincidan:

“Entre los empleados de la policía los hay que sufrieron los rigores de la aciaga década: que siempre se desvelaron por deshacer las maquinaciones del partido retrógrado: que su existencia está ligada a la conservación del trono de Isabel II, y por último que siempre procuraron y procurarán mantener inalterable el orden público, sin el que y sin una obediencia suma a los que mandan y confianza en sus disposiciones, jamás puede llegarse a disfrutar del bien apetecible de la verdadera libertad. B.L.M. de VV. Su más atento servidor. Un comisario de policía”.

Precisamente fue este un argumento muy utilizado tanto por los militares como los obispos contra la policía en sus informes. Hay muestras muy abundantes en “Los informes sobre el estado de España en 1825”, recogidos en el libro “Documentos del reinado de Fernando VII” en su tomo II (4).

La actuación de la policía de Valencia

Por eso el comisario se quejaba, con toda la razón, de que los juicios de los comportamientos de los policías de Valencia no se hicieran de forma individualizada, como hubiera sido normal. Hablar de la policía en general y aplicarle unos epítetos y adjetivos denigrantes a su conjunto no era justo, ni tampoco estaba justificado, porque se metía en el mismo saco a funcionarios cuyo comportamiento no tenía nada que ver.

Lo dice de forma que se le entiende: “Lo que juzgaba yo que podía suceder y que ciertamente no me arredraba, era el que se tratase algún día (en uso de la libertad de imprenta) del comportamiento general e individual de la policía de Valencia bajo la dirección de su intendente el brigadier Cornel, bien fuese para acotar perjuicios y vejaciones, bien para reconocer servicios y favores, dispensados a los que de ellos necesitaron, porque de este modo se habría hecho un servicio público, designando a los malos con el dedo de la reprobación y se hubiera también adjudicado la merecida justicia a los que supieron convertir en patrocinio y protección ilimitada la persecución que deseaban los partidarios de D. Carlos, y aun de los adictos al cetro absoluto de Fernando VII. No ha sucedido así: mas el profundo silencio que se ha guardado hasta el día, a pesar de la agitación de las pasiones, prueba demasiado que la policía de Valencia en la época a que me contraigo no mereció, como otras, la execración pública, y que, en realidad, no fue otra cosa que un juzgado de vagos, un centinela constante de la tranquilidad y seguridad general, y un argos siempre vigilando las maquinaciones que germinaban en el foco de la presente rebelión, y de que fueron precursoras las de Capapé y Bessieres, y alzamiento de Cataluña en 1827”

El balance de la actuación de la policía de Valencia no podía ser más positivo. Sin embargo, quien lea el informe de su capitán general, José María de Carvajal, no sacará esta misma conclusión. Los adjetivos calificativos que usa contra ella son de grueso calibre. Lo hace a propósito del informe hecho por el comisario Cabot sobre el estado del reino de Valencia en cuanto a la administración de justicia, contrabando y la opinión popular. Sin embargo, ese informe y la correspondencia a que dio lugar, dejó en muy mal lugar al Capitán General, que hizo su contrainforme indignado, porque creyó que la Policía había invadido sus competencias. Los juicios globales a profesiones en su conjunto tanto sean positivos como negativos rara vez son justos: siempre hay individuos, como sucedió en este caso, que no encajan en ellos.

El comisario Blas Molina fue mucho más lejos: reflejó el estado de la policía en Valencia y explicó por qué se pudo favorecer desde ella a muchos liberales:

“La Policía de Valencia en aquel tiempo no era posible que obrase de otro modo cuando contaba entre sus individuos un crecido número de patriotas que habían hecho conocer demasiado sus principios liberales, que sostuvieron con las armas en la mano hasta el último baluarte; que tenían compromisos quizá más graves que aquellos a quienes se les encomendaba vigilar, y que habían aceptado sus encargos no solo como un puerto de salvación individual, sino como un medio seguro de poder dispensar amparo a su partido vencido. Largo catálogo de personas de todas clases y jerarquías que recibieron servicios eminentes de aquellos empleados pudiera llamar en apoyo de esta verdad; y en cuanto a mi toca, no serían solos los señores Don Mariano Carsi y Don Mariano Cabrerizo (bien conocidos por sus opiniones liberales) a quienes podría interpelar para que atestiguasen de la quietud y tranquilidad que gozaron bajo mi comisariato, luego que cesando en su prisión y encarnizada persecución, comenzadas antes de del establecimiento de la policía pudieron estar en el seno de sus familias. ¡Ojalá que me fuera dado publicar sin ofender mi modestia los repetidos casos en que arranqué las víctimas del borde del precipicio en que pretendían hundirlas para siempre tal vez algunos de los que antes y ahora llevaron y llevan el honroso título de liberales! ¡Ojalá que la muerte no hubiera arrastrado con sus despojos del brigadier Cornel los secretos que él podría publicar respecto de mi comportamiento con los patriotas!”

¿Quiénes fueron, en realidad, los perseguidos?

La campaña contra la policía que comenzó en 1835 no terminó tampoco en 1844. Se basó en dos pilares como se ha podido comprobar en las líneas que anteceden. Por un lado, en desprestigiar a la misma institución, mediante la acusación de que únicamente se dedicaba a abortar conspiraciones “soñadas”, cosa que fue falsa, y por otro, mediante la descalificación colectiva de todos los que tuvieron con ella, fuera o no justa y con independencia de su comportamiento. De esta forma se pudo llegar a la paradoja de querer expulsar de sus puestos de funcionarios públicos a personajes que, como Blas Molina, habían utilizado su cargo durante su estancia en la policía para proteger a los liberales.

En la historia de la policía hay muchas cosas por hacer. Tal vez la que se está apuntando en este artículo sea de las más importantes: la protección a los perseguidos por sus ideas, que se puede comprender dentro de los servicios humanitarios prestados por ella a lo largo de estos doscientos años de trayectoria. Servicios que están más que probados, como en este caso, y que después, cuando cambian las tornas, no se tiene en cuenta lo que hicieron y se manejan como acusación gravísima contra los policías que obraron correctamente.

La paradoja consiste, a mi modo de ver las cosas, en que los que no participaron en la persecución de los liberales durante la Ominosa Década y salvaron a muchos de males muy grandes, luego fueran perseguidos por el hecho de haber sido comisarios de la Policía, que habían usado su puesto para salvarles. La pregunta de quiénes fueron en realidad los perseguidos queda contestada.

Conclusión

Hay mentiras que persisten en la historia sin que a los testimonios y documentos que demuestran su falsedad se les dé validez alguna. En el caso que nos ocupa, es afirmar que la Policía General del Reino sirvió de apoyo máximo al absolutismo de Fernando VII, y que, en consecuencia, se la debe condenar al más riguroso de los ostracismos dentro de las instituciones de seguridad.

No se está diciendo la verdad por dos razones. La primera, porque, como se ha demostrado en el presente artículo, hay testimonios que desmienten rotundamente esa afirmación como los dos que se han analizado. La segunda, es más grave. Ni una palabra se dice de la actuación sangrienta de las Comisiones Militares Ejecutivas, que fueron las encargadas de llevar a cabo la represión contra todos los opositores con sus condenas a muerte. Tampoco, de los Voluntarios Realistas, que actuaron como verdaderos energúmenos en muchas ocasiones. La Policía General del Reino registró numerosos enfrentamientos con ambas instituciones. El silencio, sobre todo con respecto a las Comisiones Militares Ejecutivas resulta sumamente llamativo.

El enfrentamiento de los militares con la Policía fue frontal y sin ahorrarse adjetivos desde el mismo momento en que se puso en funcionamiento. Se dieron cuenta de que el Rey disponía de otro canal de información al margen del que mantenía en el Ejército. Creyeron que la Policía les despojaba de una parte de sus competencias en una materia que tenían por propiedad inalienable: la seguridad pública. Por ambas razones, en los “Informes sobre el estado de España” de 1825, cuando la Policía llevaba actuando menos de un año aún, todos los capitanes generales informantes cierran contra ella. Algún capitán general redactó uno de los informes más duros, a pesar de que llevaba solamente tres meses en su destino, es decir, cuando aún no le había dado tiempo ni a controlar la situación.

Desde ese mismo momento, el de su creación, mantuvieron una lucha feroz por controlarla con los magistrados, hasta que lo consiguieron. Pero, ninguna alusión a la actuación de las Comisiones Militares Ejecutivas se puede encontrar en los artículos de la prensa en que se pedía la supresión de la policía o la expulsión de algún individuo, por haber estado destinado en ella, si estaba ocupando otro puesto en la administración pública. ¿Acontecería todo esto, porque el poder civil estaba por entonces y durante todo el reinado de Isabel II completamente anulado?

Notas

1.- https://www.britannica.com/topic/spoils-system.
2.- La Posdata, 30 de enero de 1844
3.- La Revista Española, 7-1-1835
4.- Lo relacionado con la policía está resumido por Suárez Verdeguer en la introducción, págs 67-79. Algunos con poco acierto. Los Capitanes Generales consideraban a la policía como una intrusa en sus competencias y trataron de desprestigiarla. Los obispos la vieron como el mayor obstáculo para que se restableciera la Inquisición o se dejaran ciertos asuntos en manos de la Iglesia, como había sido tradicional.

Martín Turrado Vidal.