Las mentiras sobre la Ley de Seguridad Ciudadana

Del boletín "Emblema", correspondiente al mes de marzo, extraemos este interesante artículo de nuestro buen amigo, compañero y colaborador, el Subinspector Jesús Longueira Alvarez.

Por ser como es un asunto de candente y recurrente actualidad les hablaremos una vez más de la reforma que actualmente se tramita de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, encontrándose la misma en trámite parlamentario, y de la que ya les hablamos en estas páginas en otras ocasiones. Como soy de los que piensan que la misma afecta de diversas maneras a la sociedad en general y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en particular les daremos unos datos que sin duda serán de su interés, y les transcribiremos un incidente que con la base de este asunto protagonizó, en defensa de la sociedad a la que se debe, un miembro de nuestra querida Policía Nacional en la Asamblea Autonómica de Ceuta, donde hoy sirve como Parlamentario tras ser designado por sufragio por sus paisanos para representarles. Pero primero iremos con un poco de historia:

El 13 de diciembre de 2019, el Partido Nacionalista Vasco presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de reforma de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta pretensión de los nacionalistas ha encontrado desde un primer momento la clara y firme oposición de su principal destinatario: las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desconfianza hacia los agentes del orden; burocratización de sus actuaciones y conversión del criminal en víctima trufan un texto que, más allá de profundizar en la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, condena a estos servidores públicos a permanecer pasivos ante actividades criminales. Pero no se muevan que aún hay más.

Fruto del voto a favor del binomio PSOE-Unidas Podemos, junto con sus socios proetarras (entre los que no podía faltar EH Bildu), este disparate sigue adelante. No importan las protestas de las FCS, no importan las barbaridades del texto, no importan los ciudadanos…

Francisco José Ruiz Enríquez, con una pausa en su carrera policial y hoy Parlamentario en un partido que pese a ser el más votado está en la oposición, registra el pasado día uno de febrero en la citada asamblea una proposición para que el Gobierno de Ceuta instase al Gobierno de España a, (les transcribo a partir de aquí sus propias palabras):

“Defender el mantenimiento de la dignidad de las FCS, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación les asegura, así como dotarles de los medios materiales y jurídicos adecuados para el desempeño de su labor, y solicitar la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la ley de seguridad Ciudadana que pueda vulnerar la actuación de las FCS en el ejercicio de sus funciones”.

Para su sorpresa recibe la delirante respuesta de la representante del PSOE y vicepresidente primera de la Asamblea, que simplemente dice que todo lo expuesto es falso. Es decir, que todas las legítimas críticas vertidas al unísono por las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las que Francisco Ruiz hizo eco, eran poco menos que una vulgar mentira.

En el posterior debate que se entabla sobre el asunto se escuchó el siguiente diálogo que por considerar de interés les transcribo igualmente:

-Vicepresidente primera: <<La reforma no va a obligar a devolver a un manifestante a su sitio de origen>>.

Respuesta: FALSO. De conformidad con lo dispuesto en la modificación propuesta del apartado 4 del artículo 16 se establece que:

<<Salvo que el traslado a dependencias policiales fuera por causa imputable a la persona desplazada, tendrán derecho a que se les devuelva a su salida al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes».

-Vicepresidente primera:<<No es cierto que se levante la prohibición de difundir imágenes de la Policía ni de la Guardia Civil>>.

Respuesta: FALSO. En la reforma propuesta se suprime el apartado 23, del artículo 36. Este artículo es, precisamente, el encargado de considerar como infracción grave:

<<El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…>>.

No es difícil de entender que, en caso de que no esté previsto como infracción, no podrá sancionarse este hecho.

-Vicepresidente primera: <<La reforma no elimina la necesidad de comunicar las manifestaciones>>.

Respuesta: FALSO. En la modificación propuesta de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, se pretende introducir en el artículo octavo la siguiente exención:

<<No requerirá comunicación previa alguna la celebración de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta y que no incurran en los supuestos a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley>>.

-Vicepresidente primera: <<No desampara a los agentes porque estos ya tienen “protección legal”, otra cosa es que hagan lo que no tienen que hacer>>.

Respuesta: FALSO. La modificación pretendida está plagada de cuestionamientos a la actuación de los agentes (la misma vicepresidenta lo hace al señalar a los agentes cuando <<no hagan lo que tienen que hacer>>) y de trabas que les dificultan su actuación y, por ende, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, en la modificación propuesta del artículo 20.2, relativo al registro corporal, se impide efectuar registros que exijan dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa salvo que <<exista una situación de urgencia por riesgo inminente para los agentes>>. Esto lleva a que los agentes no puedan inspeccionar el cuerpo de una persona, aun cuando se sepa que porta armas o explosivos, si tales armas no están destinas a atentar contra el agente porque los agentes solo podrían actuar si <<es urgencia por riesgo inminente para los agentes>>. Conste que EH Bildu va más allá y propone que no puedan efectuar registros corporales directamente.

-Vicepresidente primera: Alaba la proposición de ley diciendo que: <<esta ley pretende una defensa integral de los derechos y libertades, no solo de las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino también de los ciudadanos>>.

Respuesta: FALSO. Puede resultar una buena ley para los estándares del socialismo, el separatismo, los proetarras y el comunismo, pero para para los ciudadanos de bien NO. Es una proposición de ley imprecisa, plagada de redundancias, con una pésima redacción y en la que lo único claro que se encuentra es la criminalización y desprecio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por la protección de los ciudadanos. Por no mencionar el desprecio explícito hacia Ceuta y Melilla contemplando la posibilidad de que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera no puedan ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

Este debate tuvo lugar a lo largo de este mes de febrero, hoy como representante en la Asamblea y ayer y mañana como funcionario de nuestra bienquerida Policía Nacional, Francisco José Ruiz Enríquez ha tenido a bien realizar esta propuesta, que no por haber tenido lugar tan al sur deja de tener importancia, siendo para mí un placer darle la difusión que merece.

Jesús Longueira Alvarez.