A las cuatro de la tarde del día 6 de agosto, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria a los Policías Nacionales Antonio Ligero Hec y Rafael Mucientes Sanz por medio de la explosión de una bomba accionada a distancia al paso de unos vehículos “Z” de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Los agentes formaban parte de una patrulla de rutina compuesta por dos coches de la Policía Nacional que transitaban por el Alto de Armentia hacia el paseo de San Prudencio de la capital alavesa.
La bomba, colocada junto a unos contenedores de basura oculta por unas matas, estaba compuesta por treinta kilos de amonal y cuarenta de rodamientos de acero utilizados como metralla y el estampido pudo escucharse a varios kilómetros de distancia, según manifestaron numerosos vecinos. En el momento en el que los coches se pusieron a la altura de la bomba, uno de los terroristas accionó el detonador a distancia haciendo esta explosión, alcanzando de lleno al vehículo que circulaba en segundo lugar. Los dos Policías, que recibieron el impacto de lleno en la cabeza, fueron trasladados al hospital Santiago Apóstol, donde ingresaron cadáveres. El director del centro sanitario informó que ambos presentaban fracturas de cráneo con salida de masa encefálica. Uno de ellos tenía el cuerpo destrozado por los impactos de la tornillería utilizada como metralla en la elaboración de la bomba.
Policía Antonio Ligero |
La zona donde se produjo estaba situada a la salida de Vitoria, junto a la ermita de Armentia, y era uno de los lugares de esparcimiento de la capital alavesa. La onda expansiva y la metralla alcanzaron también a algunos edificios, cuyos cristales y puertas quedaron completamente destrozados. El atentado se producía en pIenas fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria y ocurrió a las cuatro de la tarde, cuando numerosos vitorianos paseaban por la zona.
En las cercanías del lugar donde tuvo lugar la explosión había una zona ajardinada, de esparcimiento y allí estaban situadas dos conocidas sidrerías, que en el momento de la explosión tenían una numerosa clientela.
En las proximidades del lugar se encontraban también numerosas viviendas unifamiliares, entre ellas la conocida como «Los Olivos”, residencia oficial del Delegado del Gobierno en el País Vasco. Algunos de los testigos del suceso, así como los policías que viajaban en el vehículo que no fue alcanzado, acudieron a auxiliar inmediatamente a los dos policías heridos, pero no pudieron hacer nada para salvar sus vidas.
Policía Rafael Mucientes |
Según uno de los vecinos, la patrulla policial acostumbraba a pasar diariamente por la carretera donde se produjo el atentado e incluso, en numerosas ocasiones, los agentes se detenían en alguno de los establecimientos de la zona para tomar café, algo que le salvó la vida al tercer policía que viajaba en el vehículo siniestrado pues minutos ante de la explosión se había apeado del mismo. La vía por la que circulaban los vehículos policiales era muy estrecha y obligaba a marchar a una velocidad moderada, lo que facilitó que la explosión alcanzara de lleno al vehículo policial.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga, afirmó que “los criminales que han cometido el atentado serán detenidos y se pudrirán en la cárcel”. Elorriaga, que quiso testimoniar su dolor a los familiares de las víctimas, añadió que “quienes han asesinado a dos policías nacionales deben saber que tienen un porvenir muy negro”.
La capilla ardiente de los dos Policías Nacionales se instaló en las dependencias del Gobierno Civil de Álava a primeras horas de la mañana del día siguiente, ya que, según el gobernador civil, César Milano, la realización de la autopsia iba a retrasar bastante el traslado, por lo que se decidió acondicionarla, una vez que se hubiesen preparado convenientemente los cadáveres.
El funeral por el Policía Nacional Antonio Ligero, se desarrolló a las doce de la mañana en la capilla del Desamparo de Vitoria en medio del dolor y la emoción de los familiares y con varios incidentes al finalizar la ceremonia, cuando policías de paisano intentaron acercarse a las autoridades del ministerio del Interior para reclamar mayor seguridad en el País Vasco, lo que fue impedido por policías de uniforme.
Miles de personas se dieron cita en la Plaza de la Virgen Blanca para dar el último adiós a los Policías Nacionales asesinados en Armentia, en un ambiente de enorme tensión, dolor, indignación y rabia contenida, en una ciudad que guardó un día de luto por el atentado, manteniendo todas las Banderas a media asta. El féretro del Policía Antonio Ligero, envuelto en la Bandera de España, llegó a hombros de compañeros en medio de vivas a España y gritos en favor de las Fuerzas del Orden y contra los asesinos. Su compañero Rafael Mucientes, testigo de Jehová, fue conducido desde la capilla ardiente del Gobierno Civil de Álava en dirección a Logroño donde fue enterrado conforme a sus creencias y ritos.
La Misa de funeral por el alma de Antonio Ligero, estuvo presidido por el vice lendakari del gobierno vasco, Ramón Jáuregui, y el subsecretario de Interior, José Luis Martín Pálacín, que llegó de Madrid acompañado por el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado. También estaban presentes el gobernador civil de Álava, César Milano, el presidente de la Diputación Foral de Álava, Fernando Buesa, Gobernador Militar, el alcalde de la ciudad, José Ángel Cuerda, así como mandos policiales, del Ejército y Guardia Civil. El Obispo de la diócesis Monseñor Larrauri recordó “que una vez más con mayor sadismo dos hermanos nuestros, dos Policías Nacionales que cumplían con su deber de vigilar la ciudad, alegre y confiada, han encontrado la muerte preparada por asesinos, si no a sueldo, si al servicio de ideologías de muerte y destrucción”.
Finalizado el funeral, el ataúd con el de Antonio Ligero Hec, salió al atrio de la Iglesia a hombros de cuatro Policías Nacionales y dos Guardias Civiles mientras que la banda de Música de la Guardia Civil interpretaba la Marcha la Muerte no es el Final y el toque de oración. Varios policías vestidos de paisano intentaron acercarse hacia el féretro, a la vez que gritaban numerosas consignas contra las autoridades, increpándoles por la muerte de sus compañeros y por la situación que padecían en Vascongadas, reclamando sus traslados hacia otros puntos de España. Policías uniformados impidieron que representantes del SUP se acercaran a los mandos de la policía y del ministerio del Interior, a quienes estos policías dijeron, a voz en grito: “Sí, y ahora, los de siempre se irán a dar una buena comida al Portalón”. Los aplausos y los gritos de apoyo a la Policía y a la Guardia Civil arreciaron en esos instantes.
Por este motivo, la Dirección General de la Policía abrió expediente a una docena de policías. En esa época eran frecuentes las protestas sindicales por las pésimas condiciones y la deficiente calidad de los acuartelamientos que albergaban a los policías destinados en Vascongadas, unido a que muchos agentes sufrían el denominado síndrome del Norte, derivado de la alta tensión que padecían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el despiadado ataque terrorista y el rechazo social. En los días posteriores al asesinato de Antonio Ligero y Rafael Mucientes el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de gabinetes psicológicos para atender a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco y en Navarra.
Finalizado el acto religioso, el féretro con el cuerpo sin vida del Policía Nacional fue trasladado por vía aérea a su localidad natal en la provincia de Cádiz para recibir cristiana sepultura.
Diferentes sentencias de la Audiencia Nacional han señalado que los responsables del atentado contra los dos Policías Nacionales fueron José Javier Arizkuren Ruiz, alias “Kantauri, Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias “Paterra”, y María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias “Anboto”. Para ello contaron con la colaboración del matrimonio formado por Miren Gotzone López de Luzuriaga e Ignacio Fernández de Larrinoa, que les alojaron en su domicilio desde finales de julio de ese año y les ayudaron posteriormente, tras cometer el atentado, a huir a Francia.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a 57 años de reclusión mayor a Juan Carlos Arruti Azpitarte, ”Paterra”, además de a otras penas de reclusión menor. En la misma sentencia fueron condenados a las mismas penas Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga porque "ayudaron”, según consta en la sentencia, “a los miembros del comando en los preparativos de los asesinatos de los Policías Nacionales Rafael Mucientes y Antonio Ligero". En enero de 2008 fue condenado por el mismo delito, José Javier Arizkuren Ruiz, alias “Kantauri”, a 82 años de cárcel.
En febrero de 2010, la Audiencia Nacional impidió que Arruti Azpitarte, Paterra, saliese de prisión -en la que estaba desde 1989 cumpliendo penas que sumaban un total de 403 años- al aplicarle la doctrina Parot. Sin embargo en noviembre de 2013 Arruti abandonó la cárcel de Alcolea en la provincia de Córdoba, después de que la Audiencia Nacional acordase su liberación tras la derogación de la conocida como doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, fue detenida en Francia en octubre de 2004. Con un currículum espeluznante como miembro de los grupos Araba y Madrid de ETA, ha sido la etarra que más lejos ha llegado en la cúpula de la banda, después de María Dolores González Katarain, “Yoyes”. Estaba huida desde 1981. El 24 de septiembre de 2010 el Consejo de Ministros aprobó continuar con el procedimiento de solicitud a Francia de la ampliación de extradición activa de Iparraguirre concretamente por el atentado del 6 de agosto de 1987 que costó la vida a los Policías Nacionales Ligero y Mucientes. La etarra se encuentra actualmente en la prisión francesa de Fresnes en París, mientras Francia decide sobre otras solicitudes anteriores de extradición.
Antonio Ligero Hec, de 30 años, era natural de Conil de la Frontera (Cádiz), donde una calle lleva su nombre. Estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en 1979 en el Cuerpo Nacional de Policía. Pertenecía al IV compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional En marzo de 1984 le fue asignado el destino de Vitoria. Antes de incorporarse a la Policía Nacional había sido mecánico naval.
Rafael Mucientes Sanz, de 37 años, era natural de la localidad vallisoletana de Mojados. Estaba casado y tenía dos hijas. Había ingresado en 1971 en el Cuerpo Nacional de Policía. Desde 1982 prestaba servicio en la IV Compañía de la 56ª Bandera de la Policía Nacional, con sede en Vitoria.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a los Policías Nacionales Rafael Mucientes y Antonio Ligero la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Carlos Fernández Barallobre.
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