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domingo, 24 de junio de 2018

1985. ETA asesina en Vitoria al Policía Nacional Félix Gallego Salmón colocando una bomba en los bajos de su coche

El Policía Nacional Félix Gallego Salmón resultaba muerto en un atentado terrorista ocurrido a media mañana del día 14 de septiembre en el casco viejo de Vitoria. También resultaba gravemente herido un chatarrero amigo de la víctima, llamado Cándido Martín, que ocupaba el asiento contiguo al del conductor. 

El atentado tuvo lugar en la vitoriana calle de Eulogio Serdán, próxima al acuartelamiento de la Policía Nacional, en el casco viejo de la ciudad. Félix Gallego, que se encontraba de vacaciones, y Cándido Martín acababan de entrar en el vehículo propiedad del Policía Nacional, cuando se produjo la explosión. Algunos viandantes fueron lanzados al suelo por la onda expansiva. Los vecinos que acudieron al lugar alertados por el estruendo pudieron ver, entre los restos humeantes del coche, el cuerpo destrozado del policía nacional, cuyas extremidades inferiores habían quedado seccionadas de cuajo. Cándido Martín había quedado aprisionado bajo el chasis del coche. Según fuentes policiales el artefacto estaba compuesto de un sofisticado mecanismo conectado al pedal del acelerador y con una carga explosiva compuesta de unos tres kilos de goma-2. La explosión se produjo al ponerse en marcha el vehículo. La gran potencia de la bomba causó una violenta explosión redujo a chatarra al vehículo propiedad del policía muerto un Simca 1.200, de color azul matrícula Vl—452l-C. 

Policía Félix Gallego

La explosión provocó daños en los vehículos aparcados en las cercanías y destruyó la práctica totalidad de los cristales de un edificio colindante. En ese mismo lugar había sido asesinado de un tiro en la nuca, el 29 de julio de ese mismo año, el subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Agustín Ruiz de Retana, en un atentado reivindicado por ETA militar. 

El Policía Nacional Félix Gallego fue trasladado al hospital de Santiago con amputación traumática de las extremidades inferiores, con múltiples heridas y shock hipobolémico. Según el parte facilitado por el centro sanitario ingresó en estado agónico y falleció antes de poder ser atendido. Su amigo Cándido Martín fue trasladado al mismo centro sanitario, donde se calificó su estado como muy grave. Tras ser intervenido de sus múltiples heridas en cara tórax, muñeca y extremidad inferior izquierda, su estado fue calificado grave. 

El delegado del Gobierno en Euskadi, Ramón Jáuregui, declaró al llegar al hospital: "Esta presión de los terroristas, que pretende alterar a base de muertes la política del Gobierno y los principios en que se inspira no logrará torcer su voluntad de acabar con el terrorismo, una plaga que sólo genera tragedias humanas y rechazo a Euskadi en todo el mundo y que está haciendo cada vez más difícil la recuperación económica y la convivencia democrática en el País Vasco". 

Estado del vehículo tras el atentado
La capilla ardiente se instaló poco después del atentado en las dependencias del Gobierno Civil de Álava, por donde pasaron compañeros y amigos del fallecido en un incesante peregrinar. A las cinco de la tarde del día siguiente se celebró en la Iglesia de San Miguel, en Vitoria, el funeral por el alma de Félix Gallego. Pese a lo anunciado previamente, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no pudo asistir a la ceremonia religiosa. Sí estuvieron presentes el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano; el director general del mismo cuerpo, Rafael del Río; los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra, Ramón Jáuregui y Luis Roldán; el consejero del Interior del Ejecutivo autónomo vasco, Luis María Retolaza, así como numerosas autoridades civiles y militares. El féretro del Policía Nacional asesinado, cubierto con la Bandera Nacional, llegó al templo a hombros de sus compañeros y a los sones de la marcha La Muerte No es el Final, interpretada por la Unidad de Música de la Policía Nacional, llegada desde Madrid, que formaba a la entrada de la Iglesia junto a dos compañías, una de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil. 

El acto tuvo lugar en un clima de emoción y tensa calma, en el que el sacerdote oficiante, Félix Uriarte, señaló que trataba de rendir tributo al policía nacional muerto en atentado y darle el último adiós y manifestó que "esta espiral de violencia ciega, que conduce a nuestra propia destrucción, se repite con demasiada frecuencia (...) el odio criminal ha segado la vida de un esposo y un padre. Los que efectúan acciones tan crueles qué derecho tienen para disponer de la vida de otros hombres", preguntándose asimismo "si es con tiros y con bombas como piensan construir un País Vasco próspero y libre". Finalizado el acto, los presentes entonaron el Himno de la Policía Nacional y la Música policial interpretó el toque de oración entre escenas de dolor gritos y vivas a España, a la Policía Nacional y la Guardia Civil y una cerrada ovación como homenaje postrero a Félix Gallego Salmon. Posteriormente el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue introducido en un furgón y trasladado a Santoña, localidad de origen de Félix, donde fue cristianamente sepultado, en una ceremonia a la que asistieron, junto a la familiares del servidor del orden asesinado, la totalidad de los vecinos y las principales autoridades civiles, militares y policiales de Cantabria. 

Por dicho atentado que costó la vida al Policía Nacional Félix Salmón e hirió a su amigo Cándido Martín, la Audiencia Nacional condenó en 1990 a cuatro etarras como responsables de la acción terrorista. Estos eran Juan Carlos Arruti Azpitarte, al que se le condenó a 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Félix, a 20 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Cándido y a 11 años de prisión por delito de terrorismo. Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, serían condenados a 37 años cada uno como cómplices de los delitos anteriormente señalados. 

Dos años después, en 1992 los cuatro etarras eran absueltos del delito de terrorismo por el Tribunal Supremo, para no penar dos veces el mismo delito, corrigiendo así el fallo de la Audiencia Nacional. Tras la sentencia del Supremo, las condenas se veían reducidas de 61 a 50 años de cárcel en un caso, y de 37 a 31 en los otros tres restantes, por entender que tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de colaboración con banda armada. 

Gracias a la aplicación de la doctrina Parot, Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta vieron como sus excarcelaciones se veían aplazadas hasta 2019 y 2018 respectivamente. Arruti fue juzgado y condenado por más de veinte delitos, sumando más de 400 años de condenas. En noviembre de 2013 Arruti Azpitarte, quedaba en libertad al decretarlo la Audiencia Nacional tras la derogación de la doctrina Parot, y abandonaba la prisión de Alcolea (Córdoba) tras 24 años encarcelado, los últimos cinco en el centro penitenciario cordobés 

Por su parte Gaztañaga Vidaurreta, detenido en 1988 fue condenado a penas que sumaban 161 años. Su excarcelación, prevista para 2006, se pospuso hasta 2018. Sin embargo en marzo de 2016 Gaztañaga abandonó el centro penitenciario de Ocaña en Toledo. 

El histórico etarra Carlos Torrecilla Parra, encarcelado en el centro penitenciario de Badajoz quedó en libertad en febrero de 2006 después de acogerse a la redención de penas por el trabajo que aún estaba vigente en el Código Penal. Torrecilla adelantó así en 13 años su salida a la calle, prevista el 12 de septiembre del 2019. Torrecilla Parra fue el último de los condenados por el antiguo Código Penal que salió de prisión sin verse afectado por la doctrina Parot. 

Por último el etarra Luis María Azkargorta Belategi abandonó la cárcel en 2003, tras concedérsele la libertad condicional en una decisión judicial no exenta de polémica. Tras haber cumplido catorce años de cárcel, la juez Ruth Alonso presentó el 14 de diciembre de 2003 un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicitaba abstenerse al considerar que su imparcialidad había sido "cuestionada a nivel objetivo" durante la polémica suscitada poco antes tras la excarcelación del miembro de ETA Félix Gil Ostoaga, quien posteriormente se suicidó. El TSJPV desestimó esta petición y respaldó la actuación de la juez, que decidió excarcelarlo. Los informes de la juez indicaban que la actitud de Azkargorta ante la violencia había cambiado por completo, y que su rechazo hacia ésta era ahora "claro y tajante”. 

El 1 de julio de 2007 daba comienzo un juicio en el que el sanguinario ex dirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se enfrentaba a una solicitud por parte de la Fiscalía de 61 años de cárcel por este atentado. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Vicente González-Mota indicaba que Arizcuren, quien en 1985 utilizaba el alias de Navarro, "se dirigió el 14 de septiembre al domicilio en Vitoria del ya condenado por estos hechos Carlos Torrecilla Parra, donde preparó un artefacto explosivo confeccionado con 3 kilos de dinamita Goma 2 en un recipiente metálico de iniciación eléctrica, que colocaron en los bajos del vehículo de su víctima. Sobre las diez y media de esa mañana, el policía Nacional Félix Salmón se introdujo en el vehículo en compañía de Cándido Martín Franco con intención de trasladarse a otra localidad y, tras iniciar una maniobra, el mecanismo de la bomba se accionó ocasionando la muerte al agente y heridas muy graves a su acompañante, además de cuantiosos daños materiales". El fiscal consideraba estos hechos constitutivos de los siguientes delitos: atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de frustración y terrorismo con resultado de daños, solicitando para él una pena de 61 años de cárcel. Además, la Fiscalía pedía en su escrito que el acusado indemnizara económicamente a los herederos de Félix Gallego y a Cándido Martín. 

Además de los ya condenados por este atentado, la Policía considera a día de hoy que hay otros terroristas responsables que aún no han podido ser juzgados por este crimen. Es el caso por ejemplo de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, una histórica de la banda terrorista, acusada de casi una quincena de asesinatos, detenida cerca de Pau (Francia) el 3 de octubre de 2004 junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda Mikel Antza. Soledad Iparraguirre estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como uno de los componentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA junto con Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, Asier Oyarzabal y José Luis Arrieta, alias Azkoiti. En diciembre de 2010 fue condenada por el Tribunal de lo Criminal de París a veinte años de prisión, de los que deberá cumplir al menos dos tercios. A día de hoy sigue cumpliendo condena en Francia 

Félix Gallego Salmón había nacido el 13 de abril de 1949 en Santoña (Cantabria), por lo que en el momento de su muerte tenía 36 años. Estaba casado y era padre de cuatro hijos, de los que el menor tenía solamente nueve meses y los otros tres tenían, respectivamente 8, 4 y 3 años. Pertenecía a la 66ª bandera de la cuarta compañía de la Policía Nacional, con destino en Vitoria, y llevaba diez años viviendo en esa ciudad y esos días se encontraba de vacaciones. Cándido Martín Franco, natural de Acebo (Cáceres), tenía en el momento del atentado 35 años, estaba domiciliado en el número 21 de la vitoriana calle de La Coronación, próxima al lugar del atentado, y era chatarrero de profesión. 

De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió a Félix y Cándido la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía a Félix Gallego Salmón el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía. 

Carlos Fernández Barallobre.

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