El comisario de Policía José Luis de Raimundo Moya era asesinado a primera hora de la tarde del día 6 de marzo de 1981 en el barrio bilbaíno de Deusto por un joven que a bocajarro le disparó un tiro de pistola en la nuca, cuando se dirigía a pie a su domicilio.
Hacia las 15.15 horas, y una vez terminado su servicio, el comisario jefe de Policía de la Comisaría del Distrito de Santiago, -situada en la calle María Muñoz del casco viejo bilbaíno- se dirigía a su domicilio, en el número 32 de la calle Blas de Otero, casi junto al cruce con la calle de Rafaela de Ibarra, se le acercó por detrás un joven que a bocajarro le hizo un solo disparo de pistola en la nuca. Aunque varias personas acudieron al lugar con intención de prestar auxilio al herido, fueron varios miembros del ambulatorio de la Seguridad Social de Deusto quienes minutos más tarde le atendieron médicamente. Con un hilo de vida y entre estertores fue trasladado en una ambulancia al servicio de urgencia del Hospital Civil de Bilbao, donde fallecería una hora después a las 16.30 horas, cuando era intervenido quirúrgicamente. La herida, era mortal de necesidad, ya que el proyectil le entró por la nuca y le salió por la frente. El parte médico confirmaba Impacto de arma de fuego con orificio de entrada a nivel occipital y salida a nivel parietal izquierdo, con pérdida de masa encefálica.
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| El Comisario Moya |
El terrorista agresor, en compañía de un compañero, huyó corriendo por la calle de Rafaela Ibarra, donde les esperaba una tercera persona a bordo de un coche, en el que se dieron a la fuga.
En el lugar del atentado, la policía encontró un casquillo de munición S/F 9 milímetros Parabellum.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja se trasladó pasadas las ocho de la tarde a Bilbao para visitar la capilla ardiente de José Luis de Raimundo Moya, instalada en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. En la misma se personaron más tarde el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo y el ministro del Interior, Juan José Rosón, que en avión habían llegado a Vitoria pasadas las 19.45 horas. También lo hizo el lendakari Carlos Garaicoechea.
En un ambiente de gran tensión e incidentes, se celebró a primera hora de la tarde del día 7 el funeral de cuerpo presente en memoria del comisario de la Policía Nacional José Luis de Raimundo Moya, asesinado en la tarde del jueves 6. El atentado fue reivindicado en llamada telefónica al diario Egin por ETA Militar.
Un cuarto de hora antes del inicio del acto religioso, los restos mortales del comisario fueron sacados de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao por una docena de funcionarios que lo trasladaron a pie, a través de una distancia de unos cuatrocientos metros, hasta la iglesia del Carmen. Tras el féretro, que iba cubierto con la bandera española, marchaban compañeros de la víctima portando coronas de flores, y detrás, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja; el director general de la Policía, José Manuel Blanco; gobernador civil Juan José Izarra; Gobernador militar General de División Julio Feliú; el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Carmelo Renovales, en representación de Carlos Garaicoechea, jefe Superior de Policía y otras autoridades civiles y militares.
Una compañía de la Policía Nacional y la banda de música del Regimiento de Infantería de Garellano completaban la comitiva fúnebre. Tras recorrer la alameda de San Mamés y la plaza de Indauchu, donde se habían congregado más de dos mil personas, la comitiva llegó a la puerta de la iglesia, donde un numeroso grupo de personas gritó «ETA, al paredón» y dio vivas a España, a la Policía Nacional y Guardia Civil. La entrada del ataúd en la iglesia fue recibida con grandes aplausos y vivas a España por parte de los asistentes que la llenaban.
Tras el féretro, situado frente al altar, autoridades y los familiares de la víctima ocuparon los primeros bancos. A la izquierda se situaron los representantes de los partidos políticos, entre ellos Antonio Merino y Florencio Aróstegui, de AP; Txiki Benegas, del Partido Socialista de Euskadi; los parlamentarios de UCD Julen Guimón y Jaime Mayor Oreja. Entre el público pudo verse a los diputados del PNV Iñigo Aguirre y Josu Elorriaga, y en un pasillo, al alcalde de Bilbao, Jon Castañares, y al presidente de la Diputación Foral de Vizcaya, José María Makua, ambos militantes peneuvistas.
En la homilía, el capellán de la iglesia del Carmen se refirió al asesinato del comisario como “un hecho trágico que rompe la convivencia”. Tras invitar a los presentes a seguir el ejemplo de Cristo, el celebrante dijo: «El amor es imposible con el odio, la intriga, con la violencia, el enfrentamiento fraterno y la conculcación de los derechos humanos y, sobre todo, el derecho a la vida».
Concluida la consagración, la banda de música del Regimiento de Garellano, que se hallaba en el pórtico de la iglesia, interpretó el himno Nacional. Entre el público se escucharon repetidos vivas a España que fueron acallados por el celebrante: «Esto es un lugar religioso. Fuera, griten lo que quieran», dijo.
Cuando, finalizado el oficio religioso, el féretro cubierto con la bandera Nacional, era conducido fuera de la iglesia, para ser introducido en un furgón funerario, nutridos grupos de varios cientos de personas congregadas a las puertas dieron gritos de «ETA, asesina», «ETA, culpable; Gobierno, responsable», «Policía, mátalos», y vivas a la Policía, Guardia Civil y al Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero (alguien gritó «Libertad para Tejero»). Al abandonar el templo, acompañado de su séquito, Marcelino Oreja fue insultado por tres señoras, una de las cuales, presa de un ataque de nervios, trató de agredirle. Las autoridades de la Guardia Civil fueron despedidas con vivas al cuerpo por un grupo numeroso de personas.
Finalizado el funeral de Bilbao, el féretro fue introducido en un coche fúnebre, para su traslado a Valladolid. La comitiva llegó a la ciudad castellana sobre las ocho de la tarde, donde fue recibida por las primeras autoridades y un público compuesto por tres millares de personas, que aplaudieron y vitorearon a España, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
La capilla ardiente quedó instalada en la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, donde el arzobispo de la diócesis ofició un responso. Los restos mortales del comisario asesinado recibieron posteriormente cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de Valladolid, en una ceremonia que presidió el Capitán General de la Séptima Región Militar, Ángel Campano López, junto al jefe superior de Policía de Valladolid, Gómez de Ramón, mandos del Ejército, Policía Nacional, Cuerpo Superior de Policía y Guardia Civil, que arroparon con su cariño a la familia del comisario asesinado.
José Luis de Raimundo Moya, de 55 años de edad, estaba soltero, era comisario jefe de la comisaría del distrito de Santiago en Bilbao y licenciado en Derecho.
En 1988, por el asesinato del comisario José Luis Raimundo Moya, la Audiencia Nacional condenaba a los miembros del comando Vizcaya de ETA, Joseba Artola, Francisco Javier Echevarría y Elías Fernández Castañares a 38, 36 y 3 años de prisión, respectivamente. Echevarría, que era menor de edad, y Artola fueron considerados los autores materiales del asesinato. Artola había sido detenido por la Guardia Civil el 19 de junio de 1986.
Con posterioridad se conoció que el otro miembro del Comando era Pepona, que unos días después del asesinato del comisario Raimundo, disparaba por la espalda al Teniente Coronel del Ejército, Ramón Romeo Rotaeche cuando éste salía de Misa en la Basílica de Begoña en Bilbao. Pepona, sanguinaria terrorista, era en realidad Natividad, Jaione en vasco, Jáuregui Espina. La actividad del comando al que pertenecía continuó durante el mes de abril de 1981 con el atentado contra un convoy de la Policía en el túnel de Begoña en Bilbao, que provocó la muerte del Policía Nacional Francisco Francés Garzón y heridas graves a otros dos. Un mes después, Jáuregui y sus compañeros asesinaban a dos guardias civiles los agentes José Olaya de la Flor y Manuel Sánchez Borrallo al colocar un potente artefacto explosivo en la cuneta de una carretera de Lemona en Vizcaya, que alcanzaba de lleno al coche patrulla del Benemérito Instituto. También estaba acusada de participar en la muerte del teniente de Artillería Magín Fernández Ferrero, asesinado en Baracaldo (Vizcaya), al ser ametrallado.
Por circunstancias rocambolescas y del todo surrealistas, Pepona estuvo fugada hasta el 8 de octubre de 2013 en que fue detenida en Gante por agentes de la Policía Judicial de Bélgica, La Policía española la situó primero en el comando legal (no fichado) Ixkulin de Guipúzcoa, que arrancó su actividad terrorista en 1978 -tres años después de la muerte del Generalísimo Franco- y que cometió dos atentados contra la Guardia Civil y contra la Policía. En diciembre de ese año logró escapar tras la captura de otro terrorista y saltó al comando Vizcaya.
En ese mismo año de 2013, el Tribunal de Casación, última instancia de recurso en Bélgica, rechazaba la extradición a España de la presunta etarra Natividad Jáuregui y decretó su puesta en libertad. Sobre ella pesaban dos órdenes europeas de detención por asesinato y terrorismo, por su supuesta implicación como miembro del Comando Vizcaya en la muerte de don miembros del Ejercito y cuatro agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 1981. Durante todos esos años que permaneció huida de la justicia española, Natividad Jáuregui, se labró una vida de éxito social y laboral en Gante (Bélgica), trabajando como cocinera en una famosa brasserie belga donde cocina platos vanguardistas y sus tapas españolas causan furor entre políticos, abogados, artistas y jueces, Su pasado como Pepona lo ha cubierto con un manto hermético de silencio.
En marzo de 2017 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitía la demanda de la familia del Teniente Coronel del Ejército, Ramón Romeo Rotaeche, para la extradición a España de la etarra Natividad Jáuregui. La admisión de la demanda por el tribunal con sede en Estrasburgo, era la primera que se elevaba a este órgano por los familiares de una víctima del terrorismo.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, al comisario Raimundo Moya se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Carlos Fernández Barallobre.
Nota del Administrador del blog: Pese a no haber tenido el honor de servir a las órdenes del Comisario Moya, tuve la ocasión de conocer sus cualidades tanto humanas como profesionales por boca de sus subordinados, muchos de ellos compañeros de promoción en la Escuela General de Policía.
En mayo de 1981 fui destinado a la Comisaría del Distrito de Santiago de Bilbao, en pleno Casco Viejo de la capital vizcaína, tan solo un par de meses después del vil y traicionero asesinato, como siempre, de los "valientes" etarras que en todas las ocasiones se sirvieron del sucio y cobarde tiro en la nuca sin dar jamás la cara. Allí conocí las circunstancias de este execrable crimen e incluso llegue a saber que la información de horarios y movimiento del Comisario, para perpetrar el asesinato, salieron de un bar de las inmediaciones de la Comisaría.
Contaban que el Comisario Moya, hombre muy preocupado por su formación intelectual, el día de su asesinato llevaba varios libros en las manos lo que le impidió siquiera tratar de defenderse de sus crueles y cobardes asesinos etarras.
Descanse en paz del Comisario Moya.
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